A pesar de que existen políticas públicas, leyes, reglamentos y hasta un fondo que, al menos en principio, se supone que promuevan el reciclaje de neumáticos desechados en Puerto Rico, y su reutilización en diferentes formas, en la práctica no se cumplen.

Las razones del incumplimiento son variadas: falta o deficiente fiscalización, ausencia de voluntad, o incluso intereses privados que terminan sobreponiéndose al interés público, según quedó evidenciado durante la discusión ayer ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, como parte de los procesos para evaluar el Proyecto de la Cámara 630, una medida que busca, precisamente, fomentar el reciclaje de neumáticos desechados en la Isla.

Sin embargo, la buena noticia, podría pensarse, es que la totalidad de los legisladores que participaron de la vista, en representación de todos los partidos con presencia en la Legislatura, parecen estar de acuerdo en que de una vez y por todas se debe implementar adecuadamente una política como la que promueve el PC 630, que busca establecer que como mínimo se recicle el 40% de los neumáticos desechados en la Isla, propuesta que avalaron tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como la empresa Once And For All Tires, LLC (OAFAT), única en Puerto Rico en estos momentos que recicla esos neumáticos desechados y los convierte en una variedad de materiales y productos que tienen nuevo uso.

Durante la vista trascendió que, a pesar de que se paga un monto por cada neumático importado para manejar su reciclaje una vez sea desechado, la realidad es que no necesariamente termina reutilizado, sino exportado a alguno de los pocos destinos en otra parte del mundo que aún recibe esa basura.

El problema, explicaron representantes de OAFAT, es que, aunque la empresa está operando muy por debajo de su capacidad y podría reciclar muchísimo más, no reciben los neumáticos.

Según se indicó, y se establece también en la medida, existe una disparidad en la estructura tarifaria del reglamento del DRNA para el manejo y disposición de neumáticos desechados, que pone en ventaja a los exportadores con relación a los recicladores, pues les paga 9 centavos por libra, mientras que paga solamente 5.5 centavos por libra a los recicladores, si bien estos últimos pueden recibir otro pago una vez algún producto que generen luego del reciclaje sea vendido.

Esa disparidad, explicó Luis Infazón Villamil, presidente de OAFAT, hace que los acarreadores prefieran llevar las gomas a los exportadores, limitando así las oportunidades de la recicladora, así como la posible expansión de esa industria.

Favoreció, al igual que el DRNA, que se revisen las tarifas, para que sean más equitativas, y además que se pague directo a los acarreadores una cantidad mínima establecida, de manera que así ellos puedan elegir a dónde llevarlo, y además se podría incluso abrir un nicho de transportistas dedicados solo a esta labor.

A preguntas de los legisladores, que por momentos pasaban de la sorpresa a la incredulidad y hasta la visible indignación a medida que surgía más información, el joven empresario indicó que recicladora con sede en Yabucoa está operando muy por debajo de su capacidad y podría no solamente reciclar lo suficiente como para cumplir con esa meta de 40%, sino hacer mucho más.

Explicó que allí, “en cuanto trituramos la goma, se convierte en materia prima”, y producen una variedad de productos que van desde el “mulch” o mantillo para jardines y parques, losetas, baldosas, pistas atléticas, materiales de construcción, material para asfalto de carretera, entre otros, que además se venden en general a mejor precio que los productos importados. Puso el ejemplo de una pista atlética como las que han instalado ya en varios municipios, cuyo costo cuando se importa ronda el $1 millón, y ellos la hacen por unos $600,000, generando así “ahorros sustanciales”.

En particular sobre el polvo para usar como añadido al asfalto, explicó que, incluso antes de que arrancara OAFAT, ya se probó su efectividad “de manera exitosa” en dos carreteras en la Isla, la PR-10 y la carretera de Guavate, además de que es algo con amplio uso en otras jurisdicciones de los Estados Unidos y otros países. Detalló que ese añadió al asfalto proporciona los beneficios de más durabilidad de la carretera, menos ruido, mejor rodaje, entre otros.

Aunque hicieron una inversión de $3 millones adicionales para poder producir el gránulo del tamaño adecuado para usar como aditivo al asfalto, pues había una intención del gobierno y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de darle uso, detalló que, al día de hoy, no han usado nada de lo producido y el material está en el patio de la fábrica. Lo que han vendido de ese polvo, es una empresa que lo utiliza para hacer carreteras en España.

A preguntas de los legisladores, y a este punto para sorpresa ya de nadie, respondió que no se usaba en la Isla porque, sencillamente, no se le exige a las asfalteras, y para ellos es más conveniente que la carretera se dañe más rápido para así tener que ir a arreglarla otra vez.

“El asfaltero no tiene ninguna inclinación para usar este material, porque hace las carreteras más duraderas. Le hemos dicho a Carreteras, hasta que no lo especifiques, ningún asfaltero lo va a hacer”,

Por su parte, Antonio Ríos, ayudante especial del secretario del DRNA en sustentabilidad, admitió que el reciclaje de materiales sólidos en la Isla ronda el 11%, muy lejos de las aspiraciones que se han trazado. Sostuvo que sí se está recogiendo el 100% de las gomas desechadas, pero no tenía la cifra del porciento que se reciclan.

Admitió además que la agencia necesitaría más recursos para poder implementar lo que establece el proyecto de ley, pues no contaría con los recursos financieros y humanos necesarios para poder asegurar una supervisión adecuada que garantice su cumplimiento.

Volviendo al tema de la recicladora que se está usando muy por debajo de su capacidad, su presidente, una vez terminada la vista, explicó que “nosotros actualmente operamos prácticamente en un 30% un turno de tres turnos completos que podemos hacer. Podemos casi cuadriplicar la cantidad de empleos”.

Infanzón agregó que la fábrica está diseñada para operar 24/7 y tiene la infraestructura para instalar una segunda línea, además de que es una empresa que genera su propia energía al punto que ni siquiera está conectada a la red eléctrica.

Infanzón condenó que todo esto esté ocurriendo “mientras seguimos teniendo problemas con (la acumulación) de gomas, mientras se sigue incentivando o pagando porque los neumáticos basura se exporte a otros países. Siempre hemos criticado esa parte, porque si hay un fondo de reciclaje, que pagamos todos, ese dinero se debe destinar única y exclusivamente para reciclaje”.

Agregó que “la pasada administración hicieron una inversión significativa de casi 4 o 5 millones de dólares de dinero tuyo y mío, con unos objetivos para crecer, pero si no se apoya, no se cumplen. Una cosa es dar el dinero, pero también tienen que abrir las brechas y los mecanismos para que esta industria pueda crecer”.

“Estamos llegando a la recta final donde hay que tomar decisiones y ser proactivos e incentivar este tipo de industrias, donde las cosas no tan solo no lleguen al vertedero, sino que se procesen, y al fin y al cabo, es una buena combinación porque también reduces la utilización de recursos naturales, reduces el desperdicio, e incentivas la producción local y la economía”, insistió Infazón.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, la representante Elinette González Aguayo, calificó el proyecto de “viable y factible”, que no tendrían un impacto fiscal oneroso para el gobierno. Agregó que se debe fomentar y ser enfáticos en el uso del polvillo para asfaltar de las carreteras, “que sea requisito de los proyectos, y no se deje a discreción de las compañías”.

Explicó que, en cuanto a dinero, no debía ser razón para aguantar el proyecto, pues el mismo reglamento de manejo del fondo, que está aprobado también por la Junta de Supervisión Fiscal, provee los mecanismos para cobrar por la importación de neumáticos, e incluso ofrece la flexibilidad para modificar la tarifa de pago a las recicladoras hasta por 3 centavos, por lo que no necesitarían ni siquiera enmendarlo para hacer esas tarifas más justas. Agregó que, comoquiera, citaría al Departamento de Hacienda para conocer mejor el funcionamiento del fondo.

“Es cuestión de sentarnos y de una vez y por todas establecer los parámetros, por escrito. Y esto crea generación de empleos, entraría dinero a las arcas del gobierno. Creo que tenemos que tener más voluntad, ser un poquito más incisivos, un poquito más fuertes en promover el reciclaje. Tenemos que ser más enfáticos en que se apliquen y se haga valer el cumplimiento de nuestras leyes”, insistió la representante.