Los defensores de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos -que garantiza el derecho a tener armas- cantaron ayer victoria con la decisión del Supremo federal que invalida leyes restrictivas contra la tenencia de armas.

Los grupos de amantes de las armas entienden que ahora los ciudadanos podrán cuestionar con éxito en los tribunales la denegación de una solicitud de portación de armas a base de algunos de los parámetros establecidos por la Policía.

“Esta decisión le provee más herramientas a los defensores de las armas de fuego para llevar sus casos en los tribunales. Hay que respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Armeros de Puerto Rico, Luis Bermúdez.

Entre los requisitos figuran las entrevistas que realizan agentes del orden público a los vecinos de ciudadanos que ya hayan obtenido la licencia, para indagar sobre su reputación.

La Uniformada estima que se revocan cerca del 20 a 30 por ciento de las licencias emitidas a ciudadanos a base de estas pesquisas, que intentan indagar sobre el comportamiento del ciudadano en su hogar y comunidad.

Este punto es medular para las organizaciones que defienden la portación de armas, que parecen dispuestas a retar su constitucionalidad en los tribunales.

“Sí hay que hacer un estudio de las leyes puertorriqueñas que pudiesen ser consideradas inconstitucionales. Las leyes no se pueden aplicar de una manera arbitraria, ni en Puerto Rico ni en ninguna otra jurisdicción en Estados Unidos”, sostuvo el miembro del Comité Interagencial para Combatir el Tráfico de Armas, Víctor González.

La organización, que opera con el aval del Departamento de Justicia, ha presentado varias recomendaciones a la Legislatura para combatir el contrabando de armas en la Isla.

“Ahora hay que determinar si los requisitos de la Policía pasan el escrutinio” , señaló González, dueño de la armería AAA Gun Shop.

Bermúdez rechazó que la decisión del Supremo o la impugnación de los requisitos de ley locales favorezcan el tráfico ilegal de armas.

“Esta decisión de ninguna manera le abre las puertas a los criminales”, sostuvo Bermúdez, que representa a unas 27 armerías en Puerto Rico. “Cualquier restricción a las armas de fuego sí se encontrará con esta decisión”, sostuvo el comerciante, dueño de la Armería B&B Target.

El proceso de expedición de licencias ha dejado una estela de sospecha en torno a la pureza con que se llevan a cabo los trámites. Tan reciente como el pasado febrero el FBI arrestó a un teniente de la Policía y a un empleado civil que tramitaban licencias sin seguir el proceso de ley. También se han descubierto casos en que se ha otorgado licencia a individuos con récord criminal o que han sido objeto de investigaciones criminales.