La polémica entre el alcalde popular de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y un grupo de correligionarios en la Legislatura Municipal entró en una nueva polémica el lunes cuando unos asambleistas demandados aprobaron -sin quórum- el uso de fondos públicos para su defensa en corte.

La resolución que otorga $10,000 beneficiará a los asambleistas que favorecen al Alcalde y que concertadamente destituyeron al presidente del cuerpo legislativo local, Roberto Pérez Colón y el vicepresidente Norberto Tomassini.

Aníbal Román Morales, portavoz del grupo de legisladores del bando del Alcalde lo instó a que cite a una sesión extraordinaria para ratificar la acción de los asambleistas que lo apoyan.

Según Román Morales, los asambleistas estarían respondiendo a órdenes de la jueza Carmen Teresa Lugo quien les instruyó buscar un abogado.

Pérez Colon y Tomassini, apoyados por otros dos asambleistas populares y las minorías novoprogresistas y pipiolas, radicaron un interdicto en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez alegando que el bando de Román Morales los separó de sus respectivos cargos con ocho votos cuando entienden que se requerían nueve de acuerdo a la opinión de la propia Oficina de Asuntos Municipales, (OCAM).

La semana pasada la juez Lugo dio un plazo hasta el 30 de julio para que el grupo de asambleistas demandados contrataran un abogado y advirtió que el 12 de agosto comenzaría a ventilar el interdicto.

El acuerdo para asignar fondos logrado la noche del lunes, apesar de que no contó con el quórum requerido, fue defendido vehementemente por el asambleista municipal, el ex rector del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Rafael Pietri Oms, considerado un experto en procesos parlamentarios.

Según Pietri Oms, las medidas aprobadas, aún sin quórum, "están correctas si el alcalde Rodríguez convoca de inmediato una asamblea extraordinaria" donde se ratifiquen.

Pérez Colón, sin embargo, adelantó que su grupo no asistirá a una asamblea extraordinaria que cite Rodríguez y reiteró que el grupo de éste "no debe utilizar fondos públicos" para su defensa.