La oposición a la privatización de cinco cuerdas en el balneario de Carolina aumentó este martes, cuando varias organizaciones se unieron al rechazo de la transacción, se anunció una resolución de investigación en la Legislatura y se reveló que la compañía desarrolladora ya no está incorporada en el Departamento de Estado.

En conferencia de prensa, una decena de organizaciones sindicales, sociales y ambientalistas anunciaron su apoyo al campamento de desobediencia civil levantado hace diez años por la Coalición Playas Pa'l Pueblo. 

Mientras, el licenciado Ariel Hernández mostró copia de una notificación del Departamento de Estado a la empresa CH Properties, con fecha del 22 de octubre para avisarle que su incorporación "ha sido cancelada según lo establece la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico".

"Esto tiene que tener un efecto en todo esto", dijo Hernández ante los periodistas "¿Cómo es posible que esta compañía puede llegar a un acuerdo con el municipio de Carolina el 10 de noviembre, si ya no existe como corporación. Es como si hicieras negocios con una persona que murió", sentenció.

Hernández hizo referencia al acuerdo alcanzado entre CH Properties y el Municipio de Carolina para terminar una batalla legal que duró varios años, pues la empresa no había pagado la renta por el terreno alquilado en un contrato firmado en 1996. Pero, CH Properties alegaba que no podía pagar por algo que no había podido usar por la presencia de los manifestantes.

En el acuerdo, se reitera que la compañía es el arrendatario de las cinco cuerdas del Gobierno Autónomo de Carolina. Según Hernández, la solicitud de sentencia acordada entre las dos partes está todavía en espera de que sea acogido por el Tribunal de Carolina.

En la rueda de prensa también se presentó la resolución que sometió la senadora María de Lourdes Santiago que ordenaría a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado para realizar una "abarcadora investigación sobre el arrendamiento de cinco cuerdas de terrenos públicos del balneario de Carolina a una empresa privada y la propuesta de la ampliación de un hotel y el desarrollo de un complejo turístico".

La gestión de Santiago se suma a la expresión de varios sectores que anunciaron hoy, martes, su apoyo al campamento en el balneario de Carolina.

Entre los presentes estaban los líderes de Federación Central de Trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la Hermandad de Empleados Excentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Unión Soberanista y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.

También estuvieron las organizaciones Toabajeños en Defensa del Ambiente, la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Arecifes Pro Ciudad, la Coordinadora Caribeña Latinoamericana y la Asociación Americana de Justistas, Amigos del Mar, entre otros.

"Nosotros respaldamos la lucha que se ha librado desde el 2005 en contra de la privatización de la playa de Isla Verde", expresó Juan Camacho, portavoz de las organizaciones.

"Entendemos que la enajenación de un bien de dominio público en la zona marítimo terrestre para fines privados, así como evitar el derecho a los ciudadanos al disfrute de la playa, más allá de los tecnicismos contractuales, es ilegal y no debe permitirse", agregó.

Los líderes de las organizaciones hicieron un llamado para que, además de la Legislatura, también intervenga la Rama Ejecutiva y para que el Municipio de Carolina renuncie al contrato, aunque la legisladora municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño, Cruz López Falú, indicó que no hay intención de que eso suceda.

Camacho, por su parte, sostuvo que actualmente la empresa desarrolladora no cuenta con ningún permiso para construir el proyecto, por lo que están atentos a los procesos de vistas públicas que realicen agencias como la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

"Así también anunciamos que estaremos alertas y disponibles para unirnos a los manifestantes que defienden la playa en caso de que se inicie un proceso de desalojo contra éstos. Permitir un desalojo de un área que nos pertenece a todos y todas es renunciar a nuestros más elementales derechos", afirmó.

Reacciona el alcalde carolinense

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, por su parte, reiteró que el Municipio de Carolina tiene órdenes del Tribunal de allanarse a cualquier solicitud del desarrollador para el desalojo de las personas que actualmente ocupan el terreno en disputa. 

“En la última sentencia, el Tribunal de Primera Instancia fue cónsono con la pasada sentencia y dictaminó que el Municipio se allanará a cualquier orden apropiada que sea solicitada por el desarrollador para el desalojo de las personas que se encuentran ocupando los predios. Además, la sentencia establece que el Municipio de Carolina no participará en dicho proceso”, dijo Aponte en un comunicado de prensa.

Aponte recordó que al Municipio de Carolina se le cedieron las 45 cuerdas de terreno administradas en aquel momento por el gobierno central y se le obligó a honrar un contrato previamente establecido con la firma desarrolladora del hotel. 

“Como condición de la Resolución Conjunta de la Legislatura Estatal para el traspaso del Balneario de Isla Verde al Municipio de Carolina, en el 2003, era exigencia honrar el contrato de arrendamiento de 5 cuerdas de terreno establecido por el estado con el desarrollador desde 1996. Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el 2012, en el caso de los ambientalistas vs el desarrollador, del cual el municipio no fue parte, quedó claramente establecido que el contrato de arrendamiento era válido”, señaló el alcalde.

 “Nuestro genuino interés siempre ha sido la conservación y el desarrollo del balneario para el uso público. Son 45 cuerdas de desarrollo, conservación y servicios para todos los visitantes. El Parque acuático Aquasol, escuelas de voleibol y de vela, salvavidas, seguridad y micro empresas, han sido muchas de las atracciones que hemos logrado en nuestro Balneario en total cumplimiento de las leyes municipales, estatales y federales”, declaró Aponte.

Mientras, criticó la ocupación que mantienen los ambientalistas. “Pretender apoderarse de un predio de terreno en contra de la ley para establecer en él actividades no conformes con el medio ambiente, como vehículos depositando aceite en la arena, están lejos de la verdadera preservación ambiental a la que todos aspiramos”, opinó.

Recordó que en las cuerdas de terreno que pertenecen al municipio carolinense se han hecho mejoras significativas y destacó que el Balneario de Carolina ha obtenido durante 11 años consecutivos el galardón de Bandera Azul otorgado a playas de excelencia.