Los ciudadanos que se han acercado a los bancos para solicitar algún tipo de alivio en el pago de sus hipotecas a causa de los sismos que han afectado el suroeste del país han sido “mínimos”, según estipuló la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio.

La abogada solo dio las estadísticas de una institución bancaria, de la cual no proveyó el nombre por motivos de confidencialidad. En este banco, dijo, se han detectado 3,901 hipotecas en la zona declarada bajo emergencia mayor por el presidente Donald Trump, de las cuales solo 31 personas han solicitado acogerse a los alivios que establecen las guías de desastre.

Precisó que, de este número total, unas 82 hipotecas son en Guayanilla y una sola persona ha comenzado el proceso para lograr ayuda. En Peñuelas hay 90 hipotecas y ninguna solicitud de ayuda, mientras en Yauco hay 332 hipotecas y cuatro solicitudes de alivio en los pagos.

“Son bien pocas (solicitudes) en el contexto de todo lo que estamos viendo. Cuando yo fui recientemente a hablar con algunos alcaldes de estas áreas completamente devastadas, como por ejemplo el de Yauco, Peñuelas, ellos están consciente que muchos de los ciudadanos que se han visto afectados sin hogar las casas no tienen hipotecas, no son casas que están salvaguardadas por un seguro de terremoto, huracán o fuego. Algunas pueden ser porque están saldas y otras porque están en lo que le llaman la economía informal”, explicó.

La información la dio a conocer luego de que trascendieran quejas de los damnificados por los sismos de que los cobros de los bancos no se han detenido pese al desastre que han provocado los terremotos. Tal crítica provocó una campaña de la organización Ayuda Legal para reclamar “moratorias justas para las hipotecas” en la zona de desastre.

La directora ejecutiva de la organización, Ariadna Godreau, y el experto en hipotecas, el abogado Camilo Guadalupe Torres, denunciaron que los bancos no tienen un plan para atender casos en desastres y que las ayudas que ofrecen son “improvisadas” e “injustas” para los deudores.

Godreau precisó que reclaman “una moratoria (en el pago de hipoteca) de, al menos 60 días, que se extienda hasta finales de marzo”.

Los abogados también reclamaron que se detengan las ejecuciones de propiedades. Es que, según aludieron, en la Isla se han reportado 348 ejecuciones nuevas de hipoteca desde 30 de diciembre hasta finales de enero, algunas de las cuales fueron en la zona afectada por los sismos.

“En fechas tan cercana como 4 de febrero y 5 de febrero hubo ejecuciones en Juana Díaz, Yauco y Ponce. La banca ha continuado el proceso de ejecutar vivienda sin contar si la vivienda ha sido destruida y en medio de su crisis y trauma que hay, tienen que acudir a un proceso tan antagónico como una ejecución de hipoteca”, expuso Guadalupe Torres.

Sin embargo, Álvarez Rubio informó que ese proceso de moratoria está regulado por cada una de las instituciones que son propietarias de las hipotecas. Por ello, recomendó a que la persona que crean necesario acogerse a algún plan en el que se detenga el cobro o se le brinde cualquier otra ayuda debe acudir al banco a realizar una solicitud.

“Las personas necesitan entablar una comunicación directa con su banco. Ellos deberían mantener una agenda, una bitácora de las gestiones que hacen con su banco, los nombres de las personas y contacto de teléfono, que puedan escribir qué es lo que le explicaron en el banco, los pasos a seguir y recibir esa información de su institución financiera que verdaderamente es la persona que tiene el conocimiento de las guías, tiene la seriedad para trabajar con su caso, porque ningún caso es igual que el de su vecino. Los daños no son iguales. A lo mejor usted tuvo daño de reparación, a lo mejor tuvo daños totales de su vivienda, a lo mejor usted tiene interés de quedarse en el mismo espacio que ocupa su vivienda, a lo mejor usted no quiere saber del área donde está ocupada su vivienda, a lo mejor su vivienda no ocurrió absolutamente nada. Así que todo el mundo tiene que ser evaluado”, indicó la vicepresidenta de la Asociación de Bancos.

Señaló que una de las primeras preguntas que debe hacer el damnificado es quién tiene la hipoteca y qué alternativas ofrece.

A modo de ejemplo, mostró la guía de los préstamos FHA. Estas establecen que en caso de desastre las propiedades hipotecadas bajo su cartera tendrán una moratoria de ejecución de 90 días.

Álvarez Rubio comentó que cada casa hipotecaria ya ha publicado una carta en la que recalca las guías de desastre que se deben seguir en el caso los terremotos que afectan a la Isla. Las mismas se consiguen en el internet en inglés.

En cuanto a ejecuciones, explicó que aun la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) no ha publicado las estadísticas de los casos reportados en diciembre ni en enero. Señaló que, si se registró un caso, pueden ser los que ya habían completado el proceso de mitigación y otras ayudas provistas por los bancos. Dijo que, en algunos casos, estos pasos pueden demorar hasta más de dos años.

El OCIF tampoco tiene disponible toda la información solicitada a los bancos sobre números de hipotecas y otros préstamos, como de auto, que hay en la zona afectada por los sismos. Estos tenían hasta el pasado miércoles para entregar la información, pero solicitaron más tiempo.