Gracias a su enfoque en la problemática de estorbos públicos y su interés de brindar acceso a la justicia a comunidades desventajadas, la licenciada Michelle Alvarado fue galardonada con la beca Charles Hey Maestre, que premia a abogados que aspiran a ofrecer servicios en programas de acceso a la justicia a través de organizaciones sin fines de lucro.

La joven abogada, quien tiene un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Estudios Latinoamericanos con concentración en Antropología de la Universidad de Georgetown, sometió la propuesta de concienciación y manejo de estorbos públicos para trabajar la situación en conjunto con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el desarrollo comunitario a través del manejo de esas propiedades abandonadas.

La Beca Charles Hey Maestre de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) consta de un fondo de $38 mil anuales y busca darle continuidad al legado del fenecido abogado Hey Maestre, quien siempre laboró en favor de las comunidades más vulnerables. Por lo que haber resultado ganadora de esta beca y convertirse en la tercera mujer en lograrlo, representa mucho para Alvarado.

“Para mí es una oportunidad de poder regresar a los proyectos comunitarios, que era algo que siempre realicé en mi trayectoria profesional. Siento que la beca me está alineando a ese propósito máximo dentro de mi profesión de abogada, que es proveer acceso a la justicia, acceso a la justicia ambiental, acceso a la información, nuestros derechos como propietarios, nuestros derechos civiles y humanos. Y que, dentro de esa concienciación y esa educación que estamos forjando día a día podamos crear herramientas eficientes y sostenibles a largo plazo dentro de la comunidad”, expresó la galardonada, quien destacó el hecho de que todas las participantes a esta beca fueron mujeres.

La propuesta de Alvarado y del Centro para la Reconstrucción del Hábitat busca mejorar la conciencia del pueblo sobre la amenaza de los estorbos públicos y los efectos de esta situación con el fin de otorgarle herramientas a las comunidades para puedan batallar con el debido conocimiento en derechos civiles y propietarios.

“Proponemos atender proyectos de acceso a la justicia, enfocados en la problemática de estorbos públicos, propiedades abandonadas, vacantes, que tienen tanta problemática de salud, ambiental, seguridad en las comunidades. Es una preocupación que a través de los años ha ido aumentando”, afirmó la licenciada con cinco años de experiencia en la profesión legal.

Según establece Alvarado, en Puerto Rico hay aproximadamente un 24% de propiedades vacantes, eso sin incluir predios comerciales, lotes abandonados y terrenos baldíos.

“Esto ha creado una serie de efectos secundarios en las comunidades, efecto dominó porque empiezan otras propiedades aledañas a perder valor, a ser abandonadas. Comienza a haber un proceso de desplazamiento, de marginación mucho más profundizada en ciertas comunidades”, expuso.

Con esta beca, la joven licenciada espera poder brindar talleres a líderes comunitarios, personal técnico de los municipios para lograr avances en esta problemática, pero también buscarán involucrarse en otros aspectos que ayuden a las comunidades vulnerables.

“También abarca crear ordenanzas, cabildear para cambiar el código civil para que incluya otras iniciativas, crear otros fideicomisos de tierra y cómo podemos ofrecer esas herramientas a las comunidades”, sostuvo.