El estigma y el discrimen, así como la ausencia de un sistema integrado de servicios públicos, son las principales barreras que enfrentan las sobre 12,000 personas que deambulan por las calles del país.

Ésta fue la conclusión a la que llegaron los miembros del Comité de Profesionales de la Salud Mental y Deambulancia del Senado tras concluir los trabajos de un taller con el que se busca establecer una nueva política pública para el manejo de las personas sin hogar y la prevención de esta problemática.

El tema de los deambulantes fue analizado el miércoles a través de cinco mesas de discusión integradas por distintos profesionales del sector público, privado y de organizaciones sin fines de lucro, que manejaron los temas de educación, vivienda, justicia y seguridad, familia y salud.

"Hay mucho discrimen, racismo, estigma, repudio, los ven como punto de contagio, piensan ’me voy a contaminar"’, expresó el senador Angel Martínez, presidente de la Comisión senatorial de Salud, al resumir las conclusiones a las que llegó la mesa sobre ese tema.

Todos los grupos de trabajo destacaron que, según comprobaron con representantes del gobierno central, muy pocas agencias cuentan con un protocolo para atender esta situación, y las que lo tienen, no funcionan de manera coordinada entre sí. Éste es el caso de la Policía, y los departamentos de Corrección y de la Familia, que cuentan con ciertas reglas para manejar estos casos, pero lo hacen de manera fragmentada y sin que exista ningún vínculo entre ellas.

La senadora Itzamar Peña, que participó en la mesa de justicia y seguridad, dijo que la Oficina de Administración de los Tribunales se encuentra elaborando un protocolo que sirva de guía a las agencias públicas en la implementación de las leyes relacionadas con los pacientes de salud mental.

"Lo que más que me preocupa es que sale a relucir de la discusión que no hay integración de esto, uniformidad, que no permite que... tengamos el desenlace que queremos, que es acabar con la deambulancia", expresó la legisladora, presidenta de la Comisión de lo Jurídico Civil.

Mientras, el doctor José Vargas Vidot, director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria, urgió a fortalecer los esfuerzos para prevenir que cada día más personas terminen viviendo en las calles.

En aras de ejemplificar lo vulnerable que está la población del país a padecer algún tipo de enfermedad de salud mental, Vargas Vidot dijo que del 75% al 85% de las visitas a un médico primario son por el mal manejo del estrés.

Durante el taller, se discutió que el universo de deambulantes en la Isla es muy diverso, y va desde adictos a drogas y desertores escolares hasta personas con preparación académica que, por diversas circunstancias, se han visto obligadas a deambular. Por ello, cada caso de una persona sin techo debe ser tratado de una manera diferente.

Asimismo, se planteó que, en algunas instancias, al proveer sus servicios, el gobierno local se rige por la definición que utiliza el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) y sus exigencias para cualificar a un posible beneficiario, pero estos criterios muchas veces no guardan relación con la realidad local.

Para atender esa situación, la senadora Margarita Nolasco, quien dirige el comité de profesionales, dijo que durante la mañana del viernes se reunirá con personal de esa agencia federal para intentar encontrar una solución a esas discrepancias, que también tienen el efecto de poner en peligro parte de los fondos federales que se utilizan para dar asistencia a los deambulantes.

"Voy a ver con ellos hasta qué punto se puede negociar en Estados Unidos... para que (las exigencias) se atemperen más a nuestras realidades puertorriqueñas", afirmó Nolasco.

La senadora dijo, además, que se dispone encaminar legislación durante la próxima sesión ordinaria que permita enmendar las leyes que atañan a los deambulantes y para ordenar que las dependencias públicas elaboren su propio protocolo, pero de una manera integrada con las demás instituciones del gobierno.