En el marco de una presentación ofrecida hoy a través de sus redes sociales, la organización Ayuda Legal Puerto Rico reiteró la necesidad de que el gobierno implante una moratoria en desahucios y ejecuciones hasta que culmine el verano así como el ofrecimiento de subsidios para las personas que viven en viviendas alquiladas.

A tales fines, Ariadna Godreau Aubert directora ejecutiva de la entidad expresó que “urge que el gobierno tome acción para proteger el derecho a la vivienda de las personas de ingresos limitados que habitan viviendas alquiladas o que tienen hipotecas, porque la crisis no toca por igual a todas. Si no se garantiza la vivienda, a un mes de una temporada de huracanes que se vaticina intensa, tendremos una emergencia de proporciones catastróficas para el País.”.

Indicó la abogada que el establecimiento de subsidios de renta debe ir atado a una política comprensiva que proteja la vivienda segura de las familias ante epidemias, huracanes o terremotos. En Puerto Rico las personas que viven en alquiler son casi una tercera parte de la población. Abundó que la Encuesta de la Comunidad del 2018, establece que más del 58% de las familias que alquilan tienen ingresos menores a $14,999. Esta población incluye a grupos vulnerables como personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, inmigrantes y estudiantes, entre otros.

En lo que se refiere a las ejecuciones de hipoteca, la cartera de hipotecas reportada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras establece que hay 364,338 hipotecas en Puerto Rico. 21% de éstas tienen 30 días o más de atraso lo que, para Ayuda Legal Puerto Rico, refleja familias en riesgo de ejecución de hipotecas. La organización, a través del licenciado Camilo Guadalupe Torres, analizó los 758 nuevos casos de ejecuciones presentados desde el 28 de diciembre del 2019, fecha del primer terremoto que afectó particularmente el sur y oeste del País. Con demandas presentadas a razón de 10 por día – incluyendo fines de semana-, los datos reflejaron que el 80.9% de los casos la parte demandada incluye al menos una mujer. El dato más impactante es aquel que indica que en un 27.4% de los casos, la parte demandada por el banco está compuesta solo de mujeres. Sumamos esta estadística a hechos como la crisis de acceso a la justiciar y la desigualdad entre las partes ante estos casos.

Según expuso el grupo de abogadas, actualmente, fuera de las protecciones contra en la ley federal - que duran hasta el 18 de mayo para las ejecuciones de hipoteca garantizadas federalmente y hasta finales de julio para personas que viven en vivienda pública- nada se ha dicho sobre las ejecuciones de hipoteca y los desahucios de renta privada. La ley local que permite moratorias en el pago de hipotecas en Puerto Rico, de reciente aprobación, solo cubre pagos hasta junio.

Ante ello, las abogadas reiteraron sus reclamos, los cuales ya se habían presentado en comunicación escrita a la Gobernadora Wanda Vázquez al insistir en que “ninguna de estas exigencias por si sola basta. Se necesita una política amplia de habitabilidad que incluya: (1) una moratoria en desahucios y ejecuciones hasta el final de julio (2) ofrecer asistencia para renta a familias de ingresos limitados utilizando los fondos federales habilitados ante la pandemia (3) extender la moratoria de pago de hipotecas hasta el final del verano”.

El grupo recordó que Puerto Rico ha recibido distintas partidas multimillonarias a partir de la aprobación de la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act para manejar la pandemia por COVID-19. Según explicaron, dichas asignaciones incluyen fondos administrados por el Departamento de la Vivienda Federal (HUD). Estas partidas representan aproximadamente $52,000,000, que serán administradas por el gobierno central y los municipios, conforme al desglose establecido por la administración federal. En el caso de Puerto Rico, los fondos pudieran usarse para renta hasta 3 meses, beneficiando así a familias de ingresos limitados, y personas sin hogar. Reconociendo el valor de lo planteado por Ayuda Legal Puerto Rico, la semana pasada el secretario de la vivienda Luis Fernández Trinchet expresó que el reclamo era razonable y puso en manos de los municipios la determinación de usar los dineros para asistencia de alquiler como plantea la organización.