La Cámara de Representantes aprobó hoy, en votación unánime, dos medidas relacionadas al manejo de emergencias desde el gobierno, ante las críticas de la opinión pública por el hallazgo de almacenes de suministros sin repartir en Ponce en medio de los terremotos del suroeste y la compra fatula de pruebas del COVID-19 mediante contratos millonarios.

Una de las medidas, proyecto de la Cámara 2500 obliga al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) a mantener sistemas actualizados de inventarios de suministros, establecer un plan para la distribución de alimentos, suministros y donativos y prohibir que funcionarios públicos distribuyan estos artículos sin la coordinación del Negociado.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón dijo que se estaba legislando sobre funciones del comisionado del NMEAD que el funcionario debía tener claro hacer.

“Pero en esa lucha que se ha dado en el gobierno con cara a las primarias vimos como unos se acusaban a otros. La conclusión en las vistas es que nadie era responsable del plan, que el nominado Secretario de Estado (Elmer Román) se lo imputaba al comisionado y éste decía que lo habían degradado y que la responsabilidad era del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Aquí alguien mintió bajo juramento o todos mintieron bajo juramento”, afirmó Márquez Lebrón.

“Hasta nervioso me pongo que un funcionario público dijo que de una transacción millonaria no sabía lo que estaba firmando y sigue siendo comisionado del Negociado de Emergencias”, sostuvo el legislador pipiolo.

Dijo que la responsabilidad de tener un plan adecuado y de repartir alimentos en una emergencia es fundamental en un País donde el 28% de las familias tienen problemas de alimentación y el 50% de las personas no participan de la actividad económica. Ojalá que sea para que se cumpla con la responsabilidad gubernamental de servirle a los que el sistema colonial en que vivimos los ha llevado a la desigualdad social”, agregó Márquez Lebrón.

El representante popular, Luis Vega Ramos dijo que esta legislación “es consecuencia de lo que hemos vivido, donde el reguero de los almacenes y si la bitácora tiene la fecha de expiración de los comestibles, se convirtió en la norma frente a las emergencias de los huracanes Irma y María, los terremotos y aun en la pandemia”.

Por su parte, del portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez uno de los autores del proyecto, indicó que la pieza legislativa persigue dar dirección al comisionado de NMEAD en el manejo de los suministros.

“Espero que el Senado lo pueda atender porque estamos en plena temporada de huracanes”, dijo Rodríguez Aguiló, quien encabezó la comisión especial que investigó el hallazgo de los almacenes con suministros expirados sin repartir.

La segunda medida, Proyecto de la Cámara 2477 para que en los delitos de corrupción y malversación de fondos públicos se considere como agravante si son cometidos en una declaración de estado de emergencia o desastre decretado por el gobernador de Puerto Rico y el presidente de Estados Unidos. La medida de convertirse en ley aplicaría de forma prospectiva.

“Como regla general no favorezco proyectos que conlleven el agravamiento de las penas, pero esta medida siendo consecuencia directa de la corrupción retratada en las vistas de la Comisión de Salud sobre las pruebas del COVID, más allá de votarle a favor, hay que acabar con el clientelismo político y la corrupción pública”, expresó Márquez Lebrón.

El representante Vega Ramos pidió, sin éxito, que se enmendara la medida para que, además de los funcionarios que cometan delitos contra el erario, se incluyera a los funcionarios públicos que violen un toque de queda establecido mediante orden ejecutiva.

El autor del proyecto de ley, el representante novoprogresista, José Enrique “Quiquito” Meléndez dijo por su parte, que pedirá copia de la votación para saber cómo fue la votación. “Yo sé dónde estoy parado y donde está mi delegación y el Partido Independentista, los populares no”, sostuvo.

La Cámara aprobó también, con el rechazo de las minorías, el Proyecto del Senado 1594 que enmienda la ley del propuesto plebiscito para disponer que el consulta sea anunciada en dos periódicos de circulación general en Puerto Rico y uno de Estados Unidos. La medida recibió 33 votos a favor y 14 en contra.

También se aprobó la Resolución Conjunta 719 del Senado que asigna $185 millones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) provenientes del fondo de emergencia del gobierno como alivio a la situación precaria que atraviesan los municipios.