No fue hasta ayer, tras la emergencia que por poco le cuesta la vida a un menor que se ahogaba en una playa de Loíza, que finalmente personal de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs) le expidió al Municipio la certificación para el uso de su ambulancia.

Durante las festividades del 4 de julio, el alcalde de Loíza, Eddie Manso, se vio en la obligación de movilizar la unidad asignada al ayuntamiento por el Estado que carecía de permiso de uso a pesar de que, sostuvo, llevaba dos meses solicitándole a la dependencia la inspección de la ambulancia.

Sin embargo, la secretaria auxiliar de Sarafs, Wanda Rodríguez, negó a Primera Hora que el Ejecutivo Municipal llevara dos meses gestionando el permiso e indicó que hacía dos semanas que había iniciado la gestión.

“No es correcto que hace dos meses que no se les ha enviado un inspector. Cuando radicaron la solicitud de endoso, nos dimos cuenta de que faltaba un documento indispensable. Eso fue completado el 25 de junio. Inmediatamente, calendarizamos para enviar a un inspector hoy (5 de julio). Se lo vamos a expedir como siempre hemos hecho”, aseguró.

El Alcalde denunció que desde que se les asignó el vehículo, éste ha permanecido estacionado ante la falta de una certificación.

Primera Hora reveló ayer que de las 1,325 ambulancias registradas en la Isla, 775 tienen su certificación de uso expiradas. Tal y como lo señaló en el pasado, Rodríguez insistió en que están transformando la división. Sostuvo que algunos de los vehículos que aparecen sin permiso pudieron haber sido retirados de la flota.

“Estamos corroborando la realidad de las estadísticas de ambulancias en Puerto Rico”, insistió al destacar que tienen cuatro inspectores para San Juan y dos para Arecibo y Mayagüez.

Respecto al accidente en el que una ambulancia del Municipio de Orocovis se accidentó en Morovis, provocando que cuatro personas, incluyendo el paciente que era transportado y su hermana, resultaran heridas, Rodríguez indicó que lo investigarán.

Resulta que tal y como lo evidencian las listas oficiales de Salud, la ambulancia no contaba con una certificación de Sarafs ni de la Comisión de Servicio Público. Rodríguez no quiso especular sobre las penalidades que pudiesen aplicar en este caso.