La vida de las hatillanas Aida Rodríguez e Ivette Oliveras ha cambiado drásticamente porque de ser mujeres trabajadoras que llevaban sustento a sus casas pasaron a ser dependientes de las ayudas estatales, que les provee el mismo gobierno que las desempleó por virtud de la Ley 7.

Han pasado ya varios meses desde que se quedaron sin embleo y han tenido que hacer malabares economicos. Sin embargo,  según dijeron lo más difícil es la carga emocional que tienen desde que el desempleo las obligó a quedarse en casa y sin que vean una salida en el futuro cercano.

“Yo tengo dos hijos. Tengo una chica que ya es universitaria y mi hijo, que dentro de año y medio también va para la Universidad. ¿Qué oportunidad yo le puedo dar a mis hijos cuando estoy escasa de recursos?”, cuestionó Rodríguez quien es jefa de familia.

Rodríguez padece de depresión desde que en febrero perdió su empleo en el Deparamento de Educación en donde laboró por cinco años.

Oliveras no tiene hijos en su matrimonio. No obstante, sus circunstancias no son más fáciles que las de su compueblana porque su esposo también perdió su empleo en la empresa privada.

“Estamos viviendo del desempleo”, dijo Oliveras, quien por casi siete años trabajó en el Departamento de Salud y quien ha hecho múltiples gestiones para volver a emplearse. “El daño mocional es grande”, insistió.

Esta hatillana sostuvo que siente indignación y atropello cuando se entera de los aumentos de sueldos que se han concedido en agencias y corporaciones públicas.

Estas dos mujeres recibieron hoy cheques de $200 por parte de la administración municipal de Hatillo que aprobó un estipendio para los residentes de este pueblo cesanteados por la Ley 7.

“No podemos devolver los empleos pero algo tenemos que hacer”, sostuvo Luis Hernández, presidente de la Legislatura Municipal.

La ayuda económica se otorgará a los hatillanos que demuestren su lugar de residencia y que fueron cesanteados por la Ley 7, dijo César Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda de la Legislatura Municipal, que trabajó la medida. Se estima que un centenar de hatillanos fueron despedidos.

Los cesanteados también recibirán orientación sobre los lugares en que puede obtener ayuda sicológica, adiestramientos y en la búsqueda de empleo, dijo el presidente de la Legislatura Municipal.