Cualquier decisión que implique la venta o alguna otra forma de cesión a manos privadas de las instalaciones médicas que componen el complejo del Centro Médico de Río Piedras, tendría serios efectos negativos en los programas académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de  Puerto Rico (UPR) y afectaría también la disponibilidad de especialistas de la salud para atender las diversas necesidades de la población. 

Esa fue la advertencia del rector  interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Ramón F. González García, con respecto al Proyecto  del Senado 353, que busca enmendar la Ley 3 de 2003, que define las instalaciones de salud del gobierno como aquellas incluidas en la Ley 101 de 1965. Dicha  ley incluye en la lista de instalaciones gubernamentales a Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), hospitales y otros centros que ofrecen una variedad de servicios de salud. 

La aprobación del proyecto podría suponer la puesta en venta de instalaciones de salud y al momento la medida no tiene lenguaje que excluya a los hospitales que componen el Centro Médico de Río Piedras, ni al Hospital de la UPR en Carolina que también es de suma importancia para los programas del RCM. Una propuesta de enmienda al proyecto ya se ha mencionado, para que excluya al Centro Médico y al hospital de Carolina, pero la misma aún no se ha realizado.

“En nuestra facultad, los estudiantes residentes laboran en estas instalaciones del estado. Cualquier determinación tendría que tener en cuenta esa participación de nuestros estudiantes en esos hospitales”, advirtió el doctor González García, detallando que la posible venta de esos hospitales tendría el impacto inmediato de afectar la acreditación de los programas del RCM. 

“Esos programas tienen unos requisitos clínicos. Entre esos requisitos, está la prestación de servicios en estos hospitales. O sea, las acreditaciones se pueden ver afectadas si hay una afectación de gran magnitud en la prestación de esos servicios”, explicó González García. 

“Al no tener un programa acreditado, el país se vería afectado. No habría disponibilidad de todo tipo de especialistas de salud”, agregó el doctor al explicar que todo especialista de salud que ofrece servicios en Puerto Rico y Estados Unidos tienen que haberse educado en programas debidamente certificados. 

Según el rector, si llegara a ocurrir una venta, “habría que ir programa por programa, habría que buscar otros centros que sirvan de taller para cada programa y habría que acreditarlos”. 

El RCM tiene 71 programas académicos, con avales de 25 agencias acreditadoras. La mayoría de ellos usan el Centro Médico, aunque algunos usan otras instalaciones, como por ejemplo el de farmacia, que además del Centro Médico se sirve también de algunas cadenas de farmacias. 

“Cuando haya vistas públicas del proyecto, nosotros estamos dispuestos a ir allí a deponer sobre el impacto que este proyecto tendría sobre los programas de nuestra facultad”, aseguró el rector, agregando que la norma es que sean invitados a la discusión de todo proyecto de ley que toque el tema de la salud. “La recomendación de Ciencias Médicas es que haya un lenguaje explícito que proteja la educación en las ciencias de la salud”, añadió.

El doctor prefirió no opinar sobre el posible efecto del proyecto en otras instalaciones como los CDT, teniendo en cuenta que el mismo todavía puede ser modificado. 

“Pero, reitero, seremos bien responsables en recomendar un lenguaje que proteja la educación que se ofrece en el Recinto de Ciencias Médicas que es una institución pública”, reafirmó González García.