El fin de las ayudas económicas por la pandemia del COVID-19 hace un mes, como el Programa de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), no se ha traducido en un aumento en las filas de las personas que buscan empleo. Por lo menos, así lo evidencian el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y varios comercios que han tenido que cerrar sus puertas por falta de personal.

Ni tan siquiera las ofertas del pago por hora, por encima del salario mínimo federal de $7.25, han dado un impulso a reclutar empleados.

El DTRH ratificó que, aunque a principios de septiembre 63,000 beneficiarios dejaron de recibir sus $300 semanales del PUA, y los cheques de 57,000 desempleados flaquearon, continúa la constante de baja empleomanía en Puerto Rico.

“Todavía hay muchos patronos que se están comunicando con el Departamento, precisamente todavía, con la dificultad de que les faltan empleados, o que les hacen falta reclutar más empleados”, afirmó a Primera Hora el secretario de la agencia, Carlos Rivera Santiago.

El fin de la ayuda federal, que cesó por una determinación del Congreso de los Estados Unidos, detendrá sobre $36 millones semanales que ingresan a la economía isleña, o $144 millones mensuales. Además, impactará a 4.6 millones de personas en Estados Unidos.

A pesar de que el dinero del PUA ya no se repartirá, Rivera Santiago prevé pocos cambios en estas cifras en los meses venideros. Anticipó que las recientes medidas gubernamentales, como la aplicación del Crédito Contributivo por Ingresos Devengados por Trabajo (EITC, en inglés) en Puerto Rico y la inminente alza al salario mínimo, podrían impulsar, al menos, a un 50% de participación ciudadana en el sector laboral, pero es una posibilidad remota.

Un informe del DTRH, apuntó que –hasta finales de agosto– menos de la mitad de la población puertorriqueña participaba activamente en algún sector laboral. El reporte resalta que el 57.7% de la población apta para laborar no lo hace. Por ende, la tasa de participación es de 42.3%.

“Siempre ha habido una tasa de participación de un 40%. Nunca ha habido una participación laboral del 50% como en otros países. Tenemos que trabajar ciertas medidas. Ya algunas se han comenzado, como es el salario mínimo, que es precisamente para que la gente se motive a trabajar, pero es integral que no pierdan las ayudas sociales. No hay una medida que arregle todo. (Se necesitan) varias medidas”, puntualizó al proponer la continuidad de ayudas como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para aquellos que se integren a la fuerza laboral.

Desde enero próximo se concederá un incremento inicial a gran parte de la fuerza trabajadora de $8.50 la hora y que para verano de 2024 debería alcanzar los $10.50, según la ley de salario mínimo firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el mes pasado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Luis A. Gierbolini Rodríguez tampoco prevé por el momento un alza en los empleos.

“No preveo que la eliminación del PUA resuelva (la baja participación laboral). No he escuchado a empresarios decir: ‘tengo un montón de solicitudes’ o ‘tengo más (empleados)’. Esto va a tomar un tiempito a que vuelva a la normalidad. Es complicado”, manfestó Gierbolini Rodríguez, al señalar que el sector terciario fue uno de los más que se afectó.

De perpetuarse la baja participación laboral, Gierbolini Rodríguez anticipó una ola de recursos extranjeros empleados en la Isla, como se ha estado viendo –principalmente– en el sector agrícola.

“Es algo que estoy seguro que no todo el mundo ve bien, pero quizás sea necesario para la situación. A corto plazo es la solución, pero a largo plazo pudiera traer cierto tipo de problemas”, analizó.

De otra parte, el informe del DTRH señaló la cifra de personas que fueron contratadas en nuevos empleos, pero finalmente decidieron no asistir. El número alcanzó las 24,000 personas en agosto.

El reporte resaltó que el coronavirus tuvo un efecto en quienes deseaban ocupar puestos laborales, pero fueron abrumados por temor al contagio y propagación del virus. Este grupo, catalogado como “personas fuera del grupo trabajador que quieren trabajar”, era de 42,000 para finales de agosto.

“Esto no es solamente en Puerto Rico. Esto es en el mundo entero. Aparte de dinero, la gente no quiere volver a trabajar por miedo a la pandemia. Prefiere no ganar dinero o ganar menos a arriesgarse a contagiarse con el COVID. Eso es una realidad”, señaló Gierbolini Rodríguez.

“(La pandemia fue un) detonante para sacar a la luz situaciones que había subyacentes en la economía, en el empleo y en los servicios de salud. Algunas cosas aprovecharon para mejorarse, como los servicios de salud (que) han sido unos héroes. Esa industria logró adaptarse rápidamente a los cambios. En otras áreas, como algunos restaurantes y servicios de comida, se les hizo más difícil. Todo el que pueda adaptarse, sale fortalecido”, agregó.

“Cuesta arriba” para los comerciantes

Wilberto Mercado, dueño del restaurante La Casita Grill en Corozal, palpa diariamente el desánimo de la población a regresar a trabajar. Aunque periódicamente acude a las redes sociales solicitando “empleados inmediatos”, sus esfuerzos rinden pocos frutos.

“Se me ha hecho bien difícil (reclutar personal) ahora mismo. Es bien cuesta arriba, porque no se consiguen particulares para trabajar”, atestiguó a este diario al resaltar que es la primera vez en los seis años de operación de su restaurante que presencia tan poco interés por trabajar.

Como miles de sus homólogos, Mercado se vio obligado a despedir a unos 14 empleados a principios de la pandemia en Puerto Rico. Con el pasar de los meses, y la flexibilización de las medidas para frenar los contagios, quiso reclutar a su equipo original. Solo cinco regresaron.

Asimismo, señaló que, cuando emplea nuevo personal, estos recursos muestran poco compromiso y, habitualmente, dejan de reportarse a las dos semanas.

“Lo que pasa es que la juventud de hoy en día son bien pocos los que quieren trabajar (fines de semanas). Es bien cuesta arriba”, reiteró.

Gierbolini Rodríguez, igualmente, enfrentó dificultad para reclutar personal en su oficina de abogacía y contabilidad, Gierbolini Consulting Group, por lo que tuvo que crear una oferta de compensación más atractiva.

“No fue tan fácil conseguir candidatos”, rememoró.

Oposición a la vacuna obliga cierre temporal

La trifulca que generó la vacunación compulsoria contra el coronavirus para empleados en el sector privado también obligó el cierre temporal de una de las tiendas de Paletados en Mayagüez.

El dueño de la franquicia, Lemuel Pérez, relató que ocho de sus empleados, que incluían seis jóvenes entre las edades de 18 a 22 años y dos personas mayores de 40 años, se rehusaron tanto a inocularse como en presentar evidencias negativas de contagio.

“El 90% de las empleadas eran mujeres”, detalló el empresario al indicar que cerró sus puertas porque las tres personas que se acoplaron a presentar la debida evidencia no daban abasto para realizar las operaciones diarias.

No fue hasta finales de septiembre que Pérez comenzó a reclutar personal, ya que su situación se hizo viral en las redes sociales.

“(Previo a la publicación), no lográbamos conseguir el personal. No entregaban resumés y no llegaban a las entrevistas”, relató el propietario de Paletados, que fundó en el 2017 e incluye siete tiendas a nivel Isla.