El Colegio de Abogados nombrará un comité que estudie el planteamiento presentado por varias organizaciones de base comunitaria para que la institución pida la inhibición de la jueza asociada del Tribunal Supremo Anabelle Rodríguez en el caso de Paseo Caribe, anunció la presidenta del Colegio, Celina Romany.

Además, el Instituto del Notariado, que asesora en materia registral e hipotecaria al Colegio de Abogados, tiene a su cargo hacer una investigación jurídica con el propósito de presentar un recurso para pedirle al tribunal que el Colegio intervenga en el caso como amigo de la corte.

"Procederé a circular su solicitud entre los miembros de la Junta de Gobierno y... dada la premura que requiere este asunto, nombraré un comité que estudie el ángulo jurídico de la intervención de la jueza Rodríguez", indicó Romany en una carta al Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, que envió una misiva el lunes con el reclamo.

La petición fue suscrita por unas 22 entidades y personas particulares que entienden que la juez asociada Rodríguez incurrió en conflicto de interés al participar en la decisión reciente del Tribunal Supremo que devolvió la validez de los permisos de construcción del lujoso proyecto Paseo Caribe.

Ello porque Rodríguez era la Secretaria de Justicia cuando el Departamento emitió en 2002 una opinión legal que permitió que continuara la construcción del proyecto, pues la agencia entendió que los terrenos donde se construían eran patrimoniales. La opinión legal fue firmada por el subsecretario Miguel A. Santana Bagur.

En la resolución del Supremo que reanudó los permisos a Paseo Caribe, emitida la semana pasada, se indica que todos los jueces intervinieron en la determinación por "regla de necesidad", que se activa cuando es indispensable la participación de todos los magistrados.

El canon 20 de Etica Judicial establece que los jueces deben inhibirse en una controversia cuando hay perjuicio o parcialidad hacia alguna de las partes y "cuando, en calidad de funcionario o funcionaria que desempeña un empleo público, haya participado como abogada o abogado, asesora o asesor o testigo esencial del caso en controversia".

También indica que los jueces deben inhibirse "por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia".

La opinión de Justicia de 2002 quedó sin efecto por otra opinión legal emitida en diciembre por el actual secretario, Roberto Sánchez Ramos, quien entendió que Paseo Caribe se construye parcialmente en terrenos de dominio público.

Arturo Madero, desarrollador del proyecto costero, asegura que todos sus permisos están en orden.

Paseo Caribe se construye en terrenos aledaños al histórico Fortín San Jerónimo, un pequeño fuerte construido entre 1587 y 1608 que formó parte de la línea de defensa que evitó que Puerto Rico cayera en manos de los ingleses durante los ataques de Sir Francis Drake en 1595 y Sir George Clifford en 1598.