Utuado. Teodocio Vélez de la Rosa residió por 50 años en la casa de sus padres, que luego fue suya, en el barrio Mameyes, en Utuado, hasta que el año pasado tuvo que mudarse, con su esposa y cuatro hijos, porque su vecina colocó un portón que le cerró el acceso vial a su residencia.

Por las mismas circunstancias, José A. Resto tuvo que alquilar una casa en Utuado y salir de la residencia que compró en el 2004.

La semana pasada, otras tres familias del barrio Mameyes, en Utuado, se encontraron con el comienzo de la instalación de otro portón que los dejaría encerrados a ellos también.

“Me dejaron encerrado allí adentro. Ella (Torres) no me quiso dar llave del portón que colocó y yo tuve que venderle la casa que fue de mis padres. Se la vendí casi obligado; para los efectos, me sacó de donde yo viví por 50 años”, dijo Vélez de la Rosa.

La situación de estas familias del barrio Mameyes tendrá que resolverla el tribunal ante el pedido de esta comunidad de que ordene a Isabel Torres que desista de colocar un nuevo portón en este camino que alega que es parte de su finca.

Resto y otros cuatro vecinos acudieron la semana pasada al tribunal representados por Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) y consiguieron que el juez Roberto García Vega, del Centro Judicial de Utuado, ordenara la paralización temporal del portón. El 25 de mayo se realizará una vista para escuchar a ambas partes.

En tanto, SLPR trabaja en la redacción de una demanda para que se reconozca ese camino como uno vecinal y se reabran así los primeros dos portones que Torres colocó.

Ésta no será la primera vez que Torres tiene que defender en los tribunales el cierre de los accesos de este camino. La primera vez se enfrentó al Municipio de Utuado que alegaba que éste era un camino municipal. Esa primera disputa fue ganada por la dueña de la finca en una determinación emitida por el juez superior Víctor de Jesús Cubano, del Centro Judicial de Utuado, y cuya sentencia fue ratificada por los tribunales de Apelaciones y el Supremo, al alegar que el Municipio no pudo demostrar que era un camino municipal.

“En el 2009, nos llegó este caso con esta sentencia. Hicimos una investigación y nos dimos cuenta que los residentes no fueron parte ni testigos en ese caso (del Municipio)”, señaló la abogada de SLPR Hadaza Santini, para explicar que los vecinos pueden iniciar una demanda.

Santini señaló que los residentes tienen escrituras de sus casas. Algunos residen en esta comunidad por décadas y otros, como Resto, quien compró allí hace seis años, compraron propiedades con la seguridad de que había un camino que les permitía entrar y salir de su casa.

Maribelle Negrón, una de las residentes perjudicadas, señaló que Torres no reside en la comunidad, sino que viene esporádicamente a la residencia que tiene en este barrio y que fue propiedad de su abuelo y luego de su padre. Primera Hora no pudo contactar a Torres.

La propietaria primero cerró el camino hacia el acceso más rápido que tenían hacia la carretera principal, la PR-140, y los obligó a dar una larga y complicada vuelta para poder acceder a los servicios básicos, explicó Bernardo Negrón, quien residen en esta comunidad hace 14 años.