No es tan difícil como se aparenta en las películas, aunque requiere destrezas en tecnología y una pizca de maldad.

Una simple búsqueda en Internet genera cientos de páginas de cómo una persona podría interceptar una llamada, originada través de un teléfono fijo o celular. De hecho, una persona con cierto grado de inventiva y un escáner de radio comprado a través de un catálogo podría intervenir fácilmente las comunicaciones de su blanco.

Otra manera es utilizando programación de grabación que se puede instalar en la computadora.

En algunas instancias, la operación se simplifica aún más si el criminal puede obtener el número de teléfono de su víctima o contar con su dirección.

Pero también hay varias maneras de que una persona puede saber si su teléfono está siendo interceptado. Particularmente ahora, por las interceptaciones telefónicas autorizadas por el presidente George W. Bush sin una orden de un tribunal, las protecciones ciudadanas ante intromisiones indebidas a su privacidad cobran más importancia, según aseguran algunos grupos de derechos civiles.

Un estudio realizado por la Universidad de Pennsylvania reveló que las interceptaciones de las llamadas realizadas con los artefactos que las agencias de seguridad han utilizado durante las pasadas décadas se pueden detener con equipos que se pueden adquirir legalmente.

Esto se facilita mediante el envío de una señal o tono que el teléfono intervenido emite cuando no está en uso y que es captado por el artefacto que intenta captar la comunicación.

Otra de las interceptaciones de llamadas más simples se lleva a cabo proveyendo otra línea externa al teléfono fijo, pero requiere la entrada al trabajo o lugar de trabajo de la persona monitoreada.

Espionaje legalizado

El primer estatuto del Gobierno federal para regular la interceptación de llamadas telefónicas fue aprobado durante la Primera Guerra Mundial para proteger los mensajes de radio entre las fuerzas aliadas.

Ninguna otra ley federal reguló la intervención de comunicaciones hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó a finales de la década del 60 que los ciudadanos deberían gozar de una “expectativa justificable de privacidad”, que incluía sus conversaciones privadas.

Varios estados, anticipando la determinación del Tribunal Supremo, ampliaron los derechos de sus cortes para emitir órdenes de interceptación de llamadas telefónicas.

El Gobierno de Estados Unidos prohíbe la intervención de las llamadas telefónicas de sus ciudadanos sin la orden de un tribunal, aunque la oficina del Presidente de Estados Unidos durante varias administraciones ha autorizado las intervenciones, amparándose en su derecho de proteger la seguridad nacional contra enemigos dentro de su territorio.

El presidente Bush ha sido duramente criticado por llevar a cabo las interceptaciones telefónicas como parte de su estrategia antiterrorista.