Aberrante.

Truena la Comisión de Derechos Civiles (CDC) contra vejación homofóbica en el caso de dos jóvenes que se alega fueron obligados a besarse frente a un sargento y dos policías.

El director ejecutivo de la CDC, Lorenzo Villalba, anunció ayer que el supuesto abuso será evaluado como parte de una investigación más amplia que realiza el organismo sobre la problemática de brutalidad policiaca en la Isla.

Según Villalba, el caso de Puerto Nuevo es el primero que llega a su atención bajo el esquema de un ritual de connotación sexual.

“Lo que se denuncia es una conducta aberrante, que viola la dignidad del ser humano. Estamos hablando de que a estas dos personas supuestamente las obligan a entrar a un ritual homosexual”, dijo el funcionario de la CDC al calificar la conducta atribuida a los policías como una producto de la homofobia.

Los jóvenes denunciaron que una vez se les detuvo, además de agredirlos en el cuartel de Puerto Nuevo, los policías los obligaron a besarse y hasta les hicieron una boda ficticia.

Un sargento y dos agentes fueron acusados el jueves en relación con el incidente, ocurrido en diciembre de 2006.

La alegada conducta de los agentes es más condenable aún, según Villalba, porque hubo un supervisor involucrado que sancionó el atropello.

En cuanto a la actitud homofóbica reflejada en la conducta de los policías, ya otro estudio de la CDC había detectado que este prejuicio prevalece en Puerto Rico entre los agentes de la ley y el orden, no sólo de la Uniformada, sino inclusive entre los oficiales de las cárceles.

El caso de Puerto Nuevo viene a confirmar esa tendencia, ya con unos actos concretos que el líder de los derechos civiles comparó con los perpetrados por soldados norteamericanos contra presos de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak.

El presidente del Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Civiles de la Universidad del Sagrado Corazón, Osvaldo Burgos, en una entrevista separada, destacó que la Policía de Puerto Rico se ha distinguido más en los últimos años por violarle los derechos a la ciudadanía que por protegerla.

Los atropellos se siguen suscitando, dijo, porque hay un sentido de impunidad entre los agentes que propicia la mala conducta. La violación de los derechos civiles de ordinario tampoco acarrea consecuencias para el o los victimarios, amén de que son pocos los casos que se denuncian.

Según Burgos, a esto hay que añadirle la resistencia de la propia Policía a recibir las querellas y que aquellas que prosperan terminan siendo investigadas por la la propia agencia.

“La Oficina de Integridad Pública (de la Policía) no funciona. Se debe crear un cuerpo civil de ciudadanos que pase juicio sobre las violaciones denunciadas”, dijo Burgos.

El abogado también dijo que estaba perplejo ante el elemento de homofobia que se evidencia en el caso de Puerto Nuevo.

Burgos recomendó ir “a la raíz del problema”, brindándoles un adiestramiento adecuado a los cadetes sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos de la ciudadanía.