Diversas comunidades a través de la Isla están padeciendo cada vez más los impactos negativos de la proliferación descontrolada de los alquileres a corto plazo y reclaman acciones urgentes para que sean regulados debidamente, de manera que se logre un balance entre esa actividad comercial y los residentes, según se desprende de un informe que presentó este miércoles la organización sin fines de lucro Hispanic Federation, junto otras organizaciones comunitarias y personas afectadas por esta situación.

El informe “Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos a corto plazo (ACP) en el desplazamiento de las comunidades” fue comisionado a la organización El Enjambre, y recogió el insumo de comunidades afectadas, representantes y expertos del sector de ACP y otras partes con interés.

El informe denuncia que los ACP, que han crecido en apenas una década de unos 1,000 en 2014 a por lo menos 25,000 en 2024, sin una regulación adecuada, han traído “retos significativos” para las comunidades, como el acceso limitado a vivienda, el desplazamiento, y problemas de calidad de vida.

Por ejemplo, una de las personas que participó de la presentación del informe, la maestra retirada Gloria Cuevas, narró la pesadilla que ha estado viviendo en los pasados años, en que ha sido forzada a abandonar una y otra vez varias viviendas alquiladas en la zona oeste, porque sus dueños han decidido usarlas para ACP.

Contó que, en 2010, tras quedar desempleada, el banco le embargó su casa en San Juan. Tiempo después, se mudó con su pareja a Rincón, pensando ya en el retiro, a una casa cerca de la plaza del pueblo, pero apenas al año les notificaron que venderían la casa para convertirla en un ACP. Se mudaron entonces una casa de madera de madera en Aguada, pero el huracán María le hizo mucho daño a la vivienda y, como el dueño no la arreglaba, les dio opción de salir del contrato, solo para ponerla poco después en una modalidad de alquiler a corto plazo. Se fueron al barrio Puntas de Rincón, y a los 11 meses les notificaron que iban a vender la finca, y el comprador iba a convertir las cabañas en un Airbnb y no quería a nadie local viviendo allí. Consiguieron entonces una casa rural en Rincón, donde les trataban como familia e incluso contrajo matrimonio, pero a los tres años les dijeron que venderían la casa. Intentaron comprarla, pero el precio fue inalcanzable para ella y su pareja, ambas retiradas y viviendo del Seguro Social.

“Ahí se nos fue el mundo. ¿Dónde piensan que va la gente que desplazan? O sea, esas almas, ¿a dónde van? Somos seres humanos”, cuestionó Cuevas, con voz entrecortada. “Es muy inseguro, es muy insensible… todas las personas de todas las edades están siendo desplazadas. Hay que plantearse la pregunta seria, ¿a dónde van las personas desplazadas? Es un tema delicado, es un tema bien urgente, y creo que no se está hablando lo suficiente. Tenemos que actuar ya”.

De igual manera, representantes de otras comunidades, desde Culebra hasta el área de Calle Loíza en San Juan, también relataron experiencias similares.

Asimismo, Marimar Pérez Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, también denunció que este “nuevo fenómeno” de los ACP, ha impactado la comunidad en condominios “de una manera donde trastoca la médula de lo que es la Ley de Propiedad Horizontal, que es la sana convivencia”.

El informe contiene varias recomendaciones para atender esta problemática tales como: clasificar ciertos arrendamientos a corto plazo como negocios y aplicar las licencias, permisos y otros requisitos de actividad comercial aplicables; distinguir entre propietarios de múltiples unidades de arrendamiento a corto plazo de aquellos con residencias principales que ocasionalmente alquilan para suplementar sus ingresos; aumentar el impuesto por habitación actual de 7% a un rango de entre 9 a 11% para apoyar la fiscalización y los servicios públicos; asegurar la participación comunitaria en la toma de decisiones.

No obstante, cabe resaltar que el informe refleja que ninguno de los participantes recomienda prohibir los ACP, e incluso reconocen algunos beneficios de esa actividad comercial, pero insisten en la urgencia de regularlos de manera que exista un equilibrio justo entre esos beneficios y los impactos negativos a la comunidad.

Hispanic Federation, junto a otras organizaciones, anunciaron que estarían llevando a cabo diversas iniciativas para procurar que se atienda correctamente esta problemática, incluyendo conversaciones con miembros de la Legislatura, donde actualmente se encuentran en trámite medidas relacionadas con los ACP.

Además, anunciaron la celebración del encuentro “Nos quedamos: Alternativas justas para regular los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico”, a celebrarse el próximo 7 de marzo en el hotel Royal Sonesta en San Juan, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El evento, abierto al público general y cuyo registro es gratis, contará con la participación de líderes comunitarios, representantes de la industria hotelera y turística, del gobierno, así como otras voces multisectoriales, locales, estatales e internacionales, con experiencia en el tema de ACP y vivienda, algunos de los cuales podrán ofrecer la perspectiva de las acciones que se han tomado en otras jurisdicciones y cuál ha sido el resultado de las mismas.