Libres con privilegios.

Dos de los cinco ex policías del caso del Cerro Maravilla que fueron reingresados a prisión en marzo de 2001 para que cumplieran sus condenas por los asesinatos de los jóvenes independentistas Arnardo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví salieron ya a la calle, primero con grillete electrónico cuando apenas habían estado presos tres años y luego en libertad bajo palabra.

Una investigación de PRIMERA HORA reveló que los ex agentes Jaime Quiles Hernández y Juan Bruno González se encuentran en la calle desde el 2004, cuando apenas comenzaban a cumplir sus sentencias por asesinato en segundo grado. La libertad bajo palabra se les concedió en octubre pasado, pero ya estaban libres con grillete electrónico.

Quiles Hernández y Bruno González fueron reingresados a prisión el 15 de marzo de 2001, junto a otros ex policías, luego de que este diario revelara que se encontraban en libertad bajo palabra de forma ilegal porque no habían cumplido las sentencias impuestas en 1988 por el entonces juez superior Luis Raúl Cruz Jiménez, que los sentenció a penas consecutivas -no concurrentes- con las que se les fijaron en la jurisdicción federal por el mismo caso.

A ambos ex agentes se les puso en libertad primero bajo el programa de supervisión electrónica. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en días recientes que los convictos por asesinato no cualifican para ese privilegio.

Según información requerida al secretario de Corrección, Miguel Pereira, Quiles y Bruno González fueron integrados al programa de supervisión electrónica en el último trimestre del 2004.

Luego, los ex policías “calificaron” para el privilegio de libertad Bajo palabra, por lo que continúan en la calle, con la única diferencia de que ya no tienen grillete electrónico.

Tenían sentencias de hasta 30 años

El juez Cruz Jiménez le impuso a Quiles una pena de 14 a 30 años de prisión, consecutiva a la sentencia federal por perjurio que le fijó la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo en 1985. A Bruno González el magistrado le impuso una condena de 12 a 30 años de cárcel.

Según los cómputos que hizo el Departamento de Corrección al momento del reingreso a prisión de los ex policías, Quiles tendría que extinguir el mínimo de su sentencia de 14 a 30 años el 25 de febrero del 2008 para poder calificar para libertad bajo palabra.

No obstante, se le concedió el privilegio en octubre del 2007, luego de una decisión emitida por el Tribunal Supremo que lo dejó a discreción de la Junta de Libertad bajo Palabra, al aceptar como cierto que el ex policía “ya había cumplido el mínimo de su sentencia en el 2000, previo a que lo reingresaran a prisión”.

Precisamente, la investigación que realizó PRIMERA HORA en el 2001 comprobó que eso no era así.

Pereira y otros funcionarios indicaron a PRIMERA HORA que el tiempo de prisión se reduce de acuerdo con las bonificaciones obtenidas por buena conducta, estudios y trabajo realizado.

El 8 de abril de 2003, Quiles presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia cuestionando la legalidad de su reencarcelamiento, al sostener que se le privó de su libertad de forma ilegal, pero se le denegó el recurso.

Luego, acudió al Tribunal Apelativo con igual suerte y entonces radicó un recurso de certiorari en el Tribunal Supremo.

El 30 de marzo de 2006, el tribunal emitió una opinión, escrita por el juez asociado Francisco Rebollo, en la que sostiene que Quiles “cumplió el término mínimo de la sentencia estatal el 20 de mayo de 2000”, ocho meses antes de que el Departamento de Justicia solicitara la revocación de la libertad bajo palabra que le había sido concedida.

En consecuencia, según la decisión judicial, la Junta de Libertad Bajo Palabra tenía jurisdicción sobre Quiles por lo que Corrección lo refirió a la JLBP para que evaluara si cualificaba para el beneficio, el que le fue concedido.

Los también convictos ex policías Rafael Torres Marrero, Nelson González Pérez y Rafael Moreno Morales aún permanecen encarcelados en la Institución 501 de Bayamón.