¿Qué hará luego de que se le agoten los $200 que tiene de capital para pasar lo que resta del mes? Esa es la pregunta que se intenta responder el conductor de Uber, José Hernández, al quedar impedido de trabajar luego que se le venciera la certificación de conductor que provee el Negociado de Transportación y Otros Servicios Públicos y la compañía le cancelara la aplicación para ofrecer el servicio.

A Hernández le angustia no laborar, al menos, ofreciendo el servicio de Uber Eats, porque las agencias para renovar la certificación están cerradas. Sostiene que se ha comunicado con el Negociado a través de su página en Facebook y le han indicado que extenderán su certificación provisional hasta que se resuelva la emergencia relacionada a la emergencia provocada por el COVID-19.

“Se supone que yo tenía que ir al cuartel de la policía en la Goya a buscar la hoja de la Ley 300 certificada… al estar todo el gobierno cerrado uno no puede gestionar eso. Estoy fastidiao por todos lados, porque yo tenía en mente hacer Uber Eats, entregar comida para -por lo menos- buscarme dos o tres pesitos porque llevo ya más de cuatro semanas que no trabajo o cuida’o. Pero tampoco, porque está todo en el gobierno cerrado y uno está pilla’o por todos lados”, dijo.

“El Negociado me dijo que iban a extender a la certificación provisional y lo daría a conocer a la plataforma Uber, pero no lo han hecho y Uber me desconectó la aplicación”, añadió

La compañía, mientras, indicó a Primera Hora que ya está en contacto con el conductor.

“En Uber estamos comprometidos en ser un aliado para todos los puertorriqueños que buscan generar ganancias adicionales utilizando las apps. Actualmente, estamos en contacto con el socio conductor. Estamos en completa disposición de continuar trabajando para ofrecer soluciones ante un ambiente en constante cambio a causa del COVID-19”, indicó la empresa por escrito.

A esta situación, Hernández suma que no se ha podido beneficiar de los incentivos anunciados por el gobierno para las personas que trabajan por cuenta propia, porque alega que por desconocimiento no había solicitado el Registro de Comerciante en el Departamento de Hacienda. De igual manera le preocupa no cualificar para los $1,200 que otorgarán como parte de la asignación de fondos federales porque no rindió planillas en Puerto Rico por encontrarse trabajando fuera de la Isla.

“Yo no sabía nada de eso, que me tenía que registrar como comerciante. Al yo ser nuevo, yo entendía que era lo que me habían dicho: certificado de buena conducta, Ley 300, la certificación de conductor y la del vehículo, y empiezas a trabajar y eso en sí es lo que hace falta para trabajar en Uber. Esa otra parte de Hacienda, yo no lo sabía porque era nuevo”, lamentó.

“Cuando la gobernadora (Wanda Vázquez) lo mencionó (el proceso a seguir mediante SURI) en la conferencia de prensa, ahí yo dije: ‘estamos chavaos’ porque (estoy) sin trabajar y no voy a coger un peso. Yo tenía total desconocimiento de eso. Ahora esperando lo de los $1,200 esos para ver qué va a suceder”, añadió.

Es que Hernández, luego de la emergencia provocada por el huracán María, fue uno de los tantos boricuas que tuvo que salir del país en busca de otras oportunidades laborales que le permitieran tener una mejor calidad de vida y poder sostener a sus dos hijas a quien les aporta mensualmente para su alimentación.

Trabajó por diferentes ciudades en Estados Unidos para una empresa de telecomunicaciones, luego de haber realizado la labor en Puerto Rico durante la emergencia. Pero el número de proyectos fue mermando y se vio en la obligación de regresar al terruño borincano. Volvió en enero pasado y siguiendo las recomendaciones de un amigo, comenzó a hacer dinero con Uber hasta que, nuevamente, otra emergencia trastocó sus finanzas: el COVID-19.

“Allá en el 2019 la cosa no estaba muy buena. El trabajo se había aflojado bastante. En diciembre cogimos un receso y vinimos para Puerto Rico. Vine el 16 de diciembre para visitar a mis hijas y a mi familia. Al la cosa no estar muy buena allá un amigo me habló de Uber… y yo intenté porque no se pierde nada. Me estaba yendo bien. Yo llegué de Estados Unidos casi sin dinero porque la cosa estaba bien mala… me dió con probar (Uber), me empecé a poner al día con las deudas, ya tenía planes de ahorrar mis chavitos y ahí vino lo del coronavirus”, contó.

Ahora vive en el encierro en su hogar buscando una alternativa para poder continuar y preocupado por el pago de sus deudas que ascienden a $2,000 mensuales. Y aunque se acogió a las moratorias, sufre las amenazas de cobrarle intereses.

“Yo lo que estoy esperando es si cualifico para los $1,200, porque dicen lo de (del requisito de) las planillas y yo estaba trabajando fuera”, dijo preocupado, quien actualmente no tiene ninguna de las ayudas del gobierno.

“Estoy molesto porque si el gobierno fuera otro, decía: ‘apliquen comoquiera y se les va a dar el incentivo’. Yo entiendo que es una listería. Aquí ponen un montón de obstáculos para embolsillarse todo ese fracatán de millones”, sostuvo.

Hernández lo que espera es que el gobierno flexibilice las ayudas para beneficiarse y encontrar un verdadero alivio a su situación económica.