El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, aseguró esta tarde que el costo de los peajes del expreso José de Diego (PR 5) y la carretera PR 5 no aumentará a raíz del traspaso del manejo de estas vías al consorcio Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico. Al menos no ocurrirá antes del 2014.

Las expresiones surgieron durante la rueda de prensa efectuada en Bayamón para anunciar la primera Alianza Público Privada de autopistas.

Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico es una entidad compuesta por el consorcio de la empresa norteamericana Goldman Sachs Infrastructure Partners y el grupo español Abertis Infraestructuras, que está supuesta a darle mantenimiento a estas carreteras con una inversión total de $1,436 millones durante 40 años.

Fortuño explicó que estas compañías privadas administrarán las carreteras, pero que la operación seguirá estando en manos de la Autoridad de Carreteras.

"No es una privatización porque no se vendieron los activos sino que es una concesión administrativa", dijo el Gobernador. "No podrá haber un aumento en peajes hasta el año 2014 y de ahí en adelante solamente de acuerdo al aumento en inflación", añadió.

El contrato se firmaría la semana entrante.

Los detalles

El consorcio hará un pago inicial de $1,080 millones e invertirá otros $356 millones a lo largo del acuerdo. Los primeros $56 millones de ese total se invertirán durante los primeros tres años y se utilizarán principalmente para la rehabilitación y las reparaciones que sean necesarias en ambas carreteras.

"Esta obra incluirá mejoras al alumbrado, al pavimento, al sistema de desagüe, a las barreras de seguridad, a la rotulación de las autopistas, y a la rehabilitación de los puentes y elevados", mencionó Fortuño.
Afirmó que se generarán mil nuevos empleos directos e indirectos.

Entre los requisitos que el Gobierno les impuso en el contrato están, entre otros, respuesta rápida de 15 minutos en caso de incidentes vehiculares, reparación de huecos en 24 horas, manejo de incidentes de vandalismo en 24 horas, atención de derrames no tóxicos en 15 minutos y remoción de animales muertos en la vía en ocho horas.

Los empleados que ahora trabajan en estas vías tienen garantizados sus empleos en la agencia o podrán aceptar la oferta que le hará el operador privado para ser parte de su equipo de trabajo. Al finalizarse el contrato, las carreteras y sus mejoras retornarían a las manos del Gobierno, aseguró.

Abertis demandada

Abertis Infraestructuras fue demandada por la empresa puertorriqueña Supra and Company por supuesto incumplimiento de contrato. Ambas se asociaron en la década del 90 para desarrollar, construir y operar el puente Teodoro Moscoso, y el conflicto surgió luego de que el Gobierno rechazara el  propuesto aumento del peaje de $3 a $4.

Fortuño comentó hoy que el asunto de Abertis es con otra empresa privada y que hasta el momento no ha quedado mal con el Gobierno.