El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está a la espera de recibir el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para contratar nuevamente a la empresa Physician Correctional, para que se encargue de ofrecer los servicios de salud a la población de personas confinadas, incluyendo los servicios de salud física, mental y dental.

Según indicó la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, por disposición del tribunal federal, como parte de las estipulaciones del caso Morales Feliciano, los servicios de salud correccional deben ser administrados por una compañía privada. Physician Correctional ganó la subasta que se hizo en 2018 para ofrecer ese servicio por cinco años, contrato que está a punto de expirar, el 30 de septiembre próximo.

Sin embargo, indicó la secretaria del DCR, luego que la agencia hiciera público en la página cibernética de la agencia el proceso para otorgar un nuevo contrato y los requisitos necesarios para recibir propuestas, Physician Correctional fue la única entidad que respondió con una propuesta que cumplía con todas las exigencias. Detalló que el DCR recibió una segunda propuesta, a nombre de una entidad que se identificó por el nombre de un individuo, pero la misma no cumplía con los requisitos ni mostraba evidencia de poder contar con los recursos de personal y dinero necesarios.

Así las cosas, el DCR escogió la propuesta de Physician Correctional, para un nuevo contrato de cinco años, por más $73.7 millones. Según aclaró Escobar Pabón, el aumento con respecto al contrato que vence, que era por $56.8 millones, responde a que se integraron a este nuevo contrato otros dos que se habían firmado en 2020 y se pagaban por separado: por los servicios sicológicos del negociado de evaluación y asesoramiento de salud mental, y por los servicios de salud mental a los jóvenes transgresores.

Por tratarse de un contrato que sobrepasa los $10 millones, el mismo debía ser validado por la JSF, según las disposiciones de la Ley PROMESA. Asimismo, debe contar con la aprobación de OGP.

Physician Correctional ha sido objeto de críticas luego de la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce, en circunstancias que son objeto tanto de una investigación por parte del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), así como de una demanda civil por parte de la familia de Shannel, razón por la cual la secretaria, al igual que ha hecho en otros foros, declinó hacer cualquier comentario relacionado con esa muerte.

Luego de una investigación de la Comisión de Salud Mental del Senado, su presidente, el senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot, había solicitado al DCR que no le renovara el contrato a Physician Correctional, por entender que esa empresa habría incumplido con los acuerdos contractuales con su actuación en torno a los sucesos que desembocaron en la muerte de Shannel, el 2 de junio de 2022. La mujer de 23 años fue encontrada muerta frente a su celda en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres, en Bayamón, mientras esperaba por una evaluación psiquiátrica, por orden del tribunal. En principio, se planteó que la causa de muerte había sido suicidio, pero la investigación posterior reveló problemas de seguridad en la institución penal, como el hecho de que no había grabaciones disponibles, porque presuntamente las cámaras de seguridad estaban inoperantes por una falla de energía eléctrica.

Como parte de sus denuncias, Vargas Vidot sustuvo que Physician Correctional no contaba con el personal adecuado para atender los problemas de salud mental de Shannel y darle la atención que requería, en lugar de enviarla de vuelta a una institución penal, donde presuntamente se quitó la vida. El senador condenó además que, pese a los requerimientos, aún no han respondido si Shannel fue atendida por un psiquiatra.

Vargas Vidot denunció además que Physician Correctional rendía informes trimestrales, y no mensuales, como estaba estipulado, y que el DCR no fue efectivo en fiscalizar documentos y facturas que sometía la empresa.

Sin embargo, la secretaria Escobar, a preguntas de la prensa, indicó que estaba “conforme” con el trabajo que había realizado Physician Correctional por los pasados cinco años.

La secretaria defendió que, “en cada institución hay servicios médicos”, aunque no cuentan con los mismos servicios. Aclaró que las estipulaciones del caso Morales Feliciano establecen los servicios y horarios que debe ofrecer cada institución. En casos de emergencias, sostuvo, se lleva al confinado de inmediato al área médica, “y se pasa a los servicios de chequeo del área médica. Si fuera una emergencia de vida o muerte se pasa directamente a la sala de emergencia para estabilización, y si se entiende que la situación es más grave y no se puede atender ahí, vamos a los centros de salud comunitarios”.

Agregó que todos los confinados, al ingresar a una institución, pasan por varias evaluaciones, incluyendo evaluaciones sicológicas y psiquiátricas, “siempre y cuando sea necesario”.

Específicamente en cuanto a servicios de salud mental, que requiere “cerca del 72% de la población que ingresa en algún momento dado”, comentó que había 24 sicólogos contratados para dar servicios a la población correccional, así como varios psiquiatras, aunque no recordó la cantidad exacta de esos últimos profesionales. De igual forma, sostuvo que había otra cantidad de profesionales, como trabajadores sociales, consejeros en adicción, entre otros. Agregó que consideraban que contaban con “suficientes” profesionales para atender la necesidad de servicios de salud mental.

No obstante, Escobar sostuvo que “siempre hay oportunidad para crecer y mejorar” en lo que respecta a los servicios médicos que se ofrece a los alrededor de 6,900 confinados, en las 26 instituciones que opera el DCR, entre las que se incluyen dos instituciones para menores de edad.

Por otro lado, la secretaria sostuvo que, además de renovar el contrato a Physician Correctional, el DCR también hizo un contrato con la compañía Uticorp, para auditar los servicios de salud que se ofrezcan a los confinados y velar porque “cada uno de los confinados, como paciente, reciba los cuidados médicos de una manera óptima y efectiva, se revisen esos expedientes médicos y nos aseguremos que los servicios prestados sean los correctos”.

“Hemos contratado a esta otra compañía local para que nos asegure que, en efecto, los servicios que se están ofreciendo, y las estipulaciones de ese nuevo contrato que vamos a tener de servicios de salud correccional, sean cien por ciento correctos y cumplidos”, afirmó la secretaria. “No estoy diciendo con esto que con anterioridad no fuera de esa manera, porque tenemos una compañía que hasta el día de hoy ha sido acreditada por entidades y asociaciones de los Estados Unidos como que han ofrecido de manera continua y correcta los servicios de salud a la población. Pero queremos ir más lejos de eso. Queremos asegurarnos que en efecto la salud de nuestra población correccional está siendo atendida de la manera correcta, en un cien por ciento”.

El contrato de Uticorp será por $450,000 anuales, “y ya ese contrato fue firmado”.

De igual forma, la secretaria indicó que están trabajando con nuevos programas y estrategias, así como adquiriendo más equipo de moderna tecnología, para atender la adicción y el tráfico ilegal de sustancias controladas en las instituciones penales.