A Melinda Laracuente le prometieron una vivienda nueva en el mismo terreno donde yace el esqueleto de su hogar destrozado por el huracán María, y como le dijeron que se mudara cuanto antes para iniciar la construcción, la septuagenaria regaló lo poquito que tenía para refugiarse con su esposo, Eladio Torres, en la planta baja de la casa de un vecino del barrio Quebrada del Agua en Ponce.

De momento su sonrisa se opacó, pues la edificación aprobada por el Departamento de la Vivienda a través del Programa de Reconstrucción, Reparación o Reubicación (R3), resultó denegada ya que la propiedad no estaba en una superficie plana. Sin embargo, hasta le habían mostrado los planos con el diseño de lo que sería su nueva residencia.

“Nos salimos de la casa por la promesa que nos hicieron de que nos iban a construir la casa, pues salimos contentos porque íbamos a tener una casa y cuando nos dijeron que no se podía construir la casa en el sitio, con tantos ingenieros que fueron allí a ver el terreno y al final del día nos dicen que allí no se puede construir y, a todo esto, me pidieron que buscara una casa, pero después dicen que no cualifico para una casa”, relató la fémina de 75 años.

La situación surgió durante el primer trimestre de este año y, desde entonces, Melinda vive con la angustia de quedarse sin un techo seguro a donde pueda pasar su vejez en completa tranquilidad, pues Eladio, de 83 años, padece de varias condiciones de salud y se le dificulta desplazarse por las escaleras del lugar que los acogió, pues sus piernas fueron amputadas y camina con prótesis.

Tras varios meses de quedarse con las manos vacías, le otorgaron un vale de $145 mil para que comprara una casa en otro sector, pero el escaso inventario de propiedades disponibles en la zona afectada por los terremotos dificulta sus planes de conseguir una vivienda y, para colmo, los dueños de estas propiedades no quieren hacer negocio con el gobierno pues insisten en que el proceso tarda demasiado.

Según la septuagenaria, para cumplir con el requerimiento del programa, deberá conseguir una vivienda en el término de 90 días. No obstante, eso fue en agosto y solo quedan dos meses para lograrlo.

“Yo no he dejado casa, yo no he dejado urbanización que no he ido buscando casa y no hay casas y cuando encuentro una, que le explico al dueño que tengo un vale del Gobierno de los Estados Unidos y me dicen: “¿R3? Nosotros no queremos negocio con ese gobierno y entonces estamos en la calle y nos sentimos bien mal porque nosotros somos personas mayores y quizás, si nos quedaban dos años de vida, se le acortan a uno por la forma que nos han maltratado”, dijo ahogada en llanto en medio de su desesperación.

Asimismo, argumentó cómo les afecta la burocracia ya que siguen en la misma situación desde hace cuatro años.

“No hay marcha atrás y entonces, uno no ve esperanza de que le digan, como yo le dije: “¿Me puedes agilizar el proceso?” y me dijo que no. Por esas cosas, se va uno desilusionando y solo la fe, mi confianza en Dios que es el único que puede darnos la mano y que interceda con esa gente para que me puedan conseguir, que se yo, una casa donde podamos estar en nuestra vejez, pasarla con tranquilidad”, acotó.

Vivienda asegura no perderá la ayuda

Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda en Puerto Rico, William Rodríguez, aseguró que los participantes del programa R3 para la compra de vivienda no perderán la ayuda, “siempre y cuando haya gestiones realizadas”.

Esto, al responder sobre el requerimiento de 90 días para completar el proceso de adquirir la propiedad, según denunció la septuagenaria en Ponce.

“Nosotros tenemos unas agencias de consejería en vivienda, que son organizaciones sin fines de lucro bajo el programa que son nuestros socios, que ayudan a estas familias a poder conseguir una vivienda. Quizás son personas mayores y se les ha hecho difícil adquirir una nueva vivienda con mucho gusto los vamos a ayudar en ese proceso”, resaltó al comprometerse en aliviar la necesidad que presenta esta pareja de ancianos.

“(Hay) que romper el mito de los dueños de hogares porque el dinero está disponible y una vez, la familia identifica, no hay por qué retrasar ese pago y esa compra”, acotó.

Escasas las opciones de vivienda en la zona cero

La historia de Melinda y su esposo Eladio no es ajena a la lucha que llevan residentes en la llamada zona cero, a donde los sismos destruyeron cientos de estructuras y todavía el proceso de demoliciones para entonces construir vivienda nueva, sigue a cuentagotas.

En estos pueblos, principalmente desde Guánica hasta Ponce, las opciones para conseguir una casa ya sea rentada o para la venta, están cada vez más lejos de las posibilidades de las familias sureñas.

De acuerdo con Edna I. Ortiz, pasada presidenta del Mid Island Association of Realtors 2020, la necesidad de vivienda asequible para personas de bajos y moderados ingresos es urgente.

“Los niveles de pobreza en Puerto Rico son muy altos, alcanzando el 44%, ya sea por los problemas económicos del país o personales. A esto sumas que, en el área sur, los temblores y los pasados huracanes Irma y María destruyeron una cantidad de edificios residenciales y comerciales, y la pérdida de muchas residencias por las inclemencias del tiempo. Esto agudizó la situación económica del área sur”, admitió la exdirectora del Departamento de Vivienda y programas HUD del Municipio de Ponce.

Igualmente, destacó que los alquileres de propiedades en esta zona son prácticamente inexistentes.

“Los alquileres están escasos o no existen por la necesidad urgente del área sur. Los programas federales tienen unas tablas para rentas que no se acercan a las rentas reales; esto trae otros problemas a los que cuentan con estos subsidios de renta. En muchos casos tienen que pagar el exceso para poder lograr un alquiler”, destacó la también directora de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico.

“Las pocas viviendas que surgen para la venta, de precios asequibles, se venden de inmediato ya que hay más personas buscando vivienda que casas en venta. Hay que activar y canalizar correctamente los fondos que se han recibido para poder lograr algo positivo para estos fines. Los requisitos para estas necesidades particulares en el área sur no pueden ser los mismos que para otras áreas de Puerto Rico y mucho menos de Estados Unidos”, sostuvo al insistir en que “no están siendo justos con Puerto Rico y mucho menos con el área sur”.

Alcaldes admiten la necesidad de techo seguro en el sur

El alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, reveló que la disponibilidad de viviendas para alquiler en ese pueblo es nula luego de los sismos del 2020.

Esto ha representado una pérdida sustancial en la población, según el Censo del 2020, de unas 500 o 600 familias que se fueron del pueblo por los remezones que dejaron sin casa a miles de personas en toda la zona.

“En este momento, no tenemos en construcción viviendas nuevas asequibles, (pero) sí tenemos desarrollos que quedaron inconclusos antes de los terremotos. Luego de los terremotos se perdió el complejo de Jardines de Montblanc que albergaba 156 residentes que tuvieron que reubicarse con ‘vouchers’ a lo largo de todo Yauco, lo que también nos deja sin disponibilidad de viviendas de alquiler”, resaltó.

“Hay un proyecto en ciernes en la carretera PR-121 que se llama Villas del Rio, que está ante la consideración del Departamento de la Vivienda para los fondos de AFV para que puedan construirse 128 viviendas. En el proyecto Earthquake Allocation, con una asignación de casi $10. 3 millones del Departamento de la Vivienda, esperamos poder ayudar sobre 300 familias en Yauco, tanto a rehabilitar sus hogares como reubicarlos”, agregó.

De otra parte, enumeró otros problemas que dificultan el desarrollo de viviendas en la zona, entre estos, cerca de 300 estorbos públicos, de las cuales lograron vender 46 para que sean rehabilitadas como residencias, y la lentitud para demoler 116 casas dañadas por los sismos.

“Al día de hoy, tenemos 49 que han sido demolidas que es el 50% del proceso. Estamos esperanzados que, cuando termine ese proceso, estas personas puedan solicitar el programa de Earthquake Allocation porque perdieron el hogar”, señaló.

Mientras que, en Guayanilla, el alcalde Raúl Rivera coincidió que las demoliciones son vitales para iniciar el proceso de reconstrucción.

“De casi 21,000 habitantes en el pasado Censo ya quedan cerca de 17,000, o sea, que hemos perdido 4,000 habitantes desde María hacia acá, pero entendemos que es más con los temblores. Teníamos 6,400 residencias ávidas hace seis o siete años atrás y hoy tenemos 5,900 residencias habitadas, es decir, que lamentablemente sufrieron los efectos de los temblores o que se fueron fuera del país”, mencionó.

“La reconstrucción comienza con la demolición… todavía tenemos estructuras que están igual o peor que el pasado 7 de enero de 2020. Ahora es que estamos nuevamente empezando a levantar la data de estas residencias para entonces luego, empezar a reconstruir”, añadió.

Incrementan las viviendas deshabitadas

El presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes, Ángel Fourquet, resaltó que una de las situaciones que se debe atender con prontitud es el aumento en estructuras deshabitadas, cuando hay tantas familias buscando un techo seguro.

“En Ponce, hay comunidades -que es una tendencia en todo Puerto Rico- donde una de cada tres propiedades está abandonada o es estorbo público. Eso es un problema serio, y en los últimos años, las compañías que contrataron los municipios para atender este problema solo buscaban hacer ganancias y el enfoque fue equivocado”, recordó.

“El enfoque debe ser el adquirir esas propiedades para usarlas para programas de vivienda, especialmente en el sur, que en este momento vamos a necesitar viviendas. Hay estructuras disponibles en Ponce, si logramos agilizar estos procesos de estorbos públicos y adquirirlos para buscar programas de vivienda accesible”, sostuvo.

Aumenta la demanda de propiedades en el país

Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda resaltó que, actualmente hay un aumento significativo tanto en alquiler, como en la compra y venta de propiedades.

“Esto básicamente está relacionado al cúmulo de incentivos y de fondos federales que han venido a Puerto Rico que ha dado más liquidez a la ciudadanía y eso ha permitido que salgan al mercado, ya sea a vender, comprar o alquilar. Eso ha creado una demanda mayor a lo que ha sido la oferta que tenemos actualmente, de la mano con las moratorias que se han dado en el pasado año”, informó.

“Llevamos muchos años en una situación fiscal que ha atravesado Puerto Rico que, por años, ha habido una merma en la construcción de vivienda nueva. Estamos desarrollando vivienda nueva, asequible para personas de bajos e ingresos moderados que se han visto afectados también en los precios de construcción”, dijo.

Señaló, que el gobierno central otorgó $50 millones a los municipios del sur para el proceso de demoliciones de estructuras afectadas por los terremotos.

“Algunos municipios están en proceso de subasta y otros están etapa muy avanzada de las demoliciones; primero es la demolición y luego la reconstrucción de hogares. El Municipio de Yauco está muy adelantado y ha identificado diversos espacios donde va a comenzar un proceso de reconstrucción, entre estos, planificados para mover a esas familias que sufrieron por los terremotos a vivienda nueva, resistente y resiliente”, puntualizó.

“Recientemente terminamos el plan de acción de unos $36 millones de fondos CDBG-BR donde se va a estar trabajando primordialmente, la reparación y reconstrucción de hogares en la zona cero, los pueblos más impactados con los terremotos”, agregó.