Decenas de comerciantes especializados en la colocación de letreros en las carreteras advirtieron ayer que un proyecto de ley aprobado por la Legislatura atenta con desplazar a miles de trabajadores subcontratados por sus empresas, así como atajar el monto de dinero que el Gobierno recibe a través de los impuestos que le aplica a la industria.

El proyecto de ley, que intenta frenar la proliferación desmedida de anuncios en las carreteras, se aprobó por ambos cuerpos legislativos y actualmente se evalúa por la oficina legislativa del gobernador Aníbal Acevedo Vilá para su posible aprobación.

La legislación establece una nueva distancia de 1,000 pies que se debería guardar entre los billboards colocados en algunas carreteras secundarias, como la #1 de San Juan a Caguas, así como otras vías de jurisdicción municipal.

Pero empresarios que componen la Coalición de la Industria de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico indicaron ayer que la disposición limita severamente los lugares donde pueden colocar sus letreros porque dos compañías estadounidenses mantienen un control de la mayoría de las propiedades privadas donde pueden instalar la publicidad a lo largo de las avenidas principales, que se estima en un 90%. En esas arterias principales la distancia que se tiene que mantener entre anuncios es de 500 pies.

“Este proyecto está estructurado para el beneficio de dos empresas y nosotros no estamos de acuerdo”, sostuvo el condueño de Bright Signs International Inc., Johan Veiga, mientras encabezaba un piquete que se realizó ayer por la tarde en la calle Fortaleza.

“Establece un límite de distancia en las carreteras pequeñas, en los lugares que los pequeños y medianos comerciantes necesitan para poder comer”, añadió el dueño de Puerto Rico Outdoor Media Corp, Francescho L. Cangiano.

La ley prohibe los anuncios colgando de los edificios, como el del Centro Gubernamental Minillas en Santurce. Mientras, permite la colocación de anuncios en unidades empotradas en las aceras municipales, objetadas por el Gobierno federal.

Todos los letreros en Puerto Rico son regulados por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), según ratificó el Tribunal Supremo, pero algunos comerciantes aseguraron que la agencia carece del personal y del dinero para hacer valer sus propios reglamentos.

“Hay que darle más herramientas a ARPE para que pueda ejercer la vigente”, sostuvo la facilitadora de permisos, Victoria Rodríguez.

La nueva ley también permite que los dueños de establecimientos puedan colocar el letrero en su fachada sin un permiso de ARPE, como exige la ley vigente, siempre y cuando éste sea menos de 100 pies cuadrados (10 x 10 pies).

Ante el pobre desempeño de ARPE para fiscalizar los letreros ilegales, se registró durante los pasados cinco años una proliferación de anuncios publicitarios.

La nueva ley establece límites más cortos para el retiro de la publicidad ilegal y aumenta las multas por incumplimiento de $1,000 a $10,000.

“Existe un inventario de propiedades, pero si pasan este proyecto se nos hará muy difícil aumentar la cantidad”, sostuvo Veiga, al referirse a los lugares disponibles para colocar anuncios.