La Legislatura de Puerto Rico explora el posible marco regulatorio para un eventual uso de criptomonedas, tales como Bitcoin o Ethereum, como métodos de cambio aceptables en la Isla.

De igual forma, también ha comenzado a indagar sobre la tecnología conocida como “blockchains” o cadenas de bloques, que utilizan las criptomonedas para su funcionamiento, y que podría aplicarse a operaciones gubernamentales para darles más agilidad, certeza y transparencia.

Pero, ¿de qué se trata eso de las criptomonedas, algo que podría ver usándose como método pago cualquier comercio, en un futuro, quizás no tan lejano?

De manera bien general, se puede decir que una criptomoneda es una forma de dinero alternativa que opera en el mundo digital, sin conexión, respaldo, dependencia, supervisión o control por parte de entidades bancarias o gobiernos. O sea, es una moneda que circula de forma digital, a través de la internet, de manera independiente y paralela al dinero que se usa comúnmente en comercios, bancos y empresas privadas y públicas.

En arroz y habichuelas, un grupo de personas se pone de acuerdo para usar la criptomoneda que sea (actualmente hay miles distintas) y darle valor de cambio, en lugar de usar, digamos, el dólar.

Confianza y seguridad

Usando la criptomoneda se puede vender o pagar por artículos, contratos, propiedad intelectual y demás, con un intercambio directo entre vendedor y comprador, sin la necesidad de un intermediario (banco, tarjeta de crédito), lo que hace la transacción mucho más rápida y en general menos costosa.

Detrás de este sistema alternativo, además, está la ingeniosa tecnología de “blockchain”, que provee un elevado nivel de seguridad, confianza y transparencia, y que ha sido clave en que las criptomonedas estén ganando cada vez más atención.

La cadena de bloques es como un listado cibernético que va añadiendo bloques de información sucesivos, enlazados a través de criptografía y con protocolos que permiten la validación de datos de cada transacción.

La estructura de la cadena de bloques provee una seguridad que es sumamente difícil de vulnerar, si bien no imposible.

Los bloques de información, que pueden ser datos específicos de una transacción u otro tipo de datos, se añaden de manera sucesiva y en línea temporal, así que una vez la información es registrada no se puede cambiar sin que se altere la información de todos los bloques subsiguientes. Algo así sería extremadamente complicado, pues la cadena de bloques se administra no por una entidad central, sino de forma colectiva por los usuarios, bajo un acuerdo o protocolo de consenso que descansa en la confianza, o desconfianza, para vigilarse a sí mismos.

De esa forma, todas las transacciones dentro de los bloques son validadas y confirmadas siguiendo ese protocolo de consenso y quedan registradas de forma que no se pueden alterar (o resulta casi imposible hacerlo), y se pueden verificar públicamente, como si se tratara de un registro notarial público.

La estructura de la cadena de bloques, además, elimina el problema de doble paga, pues la unidad de cambio solo puede registrarse para una transacción.

Esas características de seguridad, validación y transparencia de la cadena de bloque podrían ser de utilidad para los registros de licitaciones, subastas, compras, contratos, permisos y demás en entidades gubernamentales, de manera que sean más transparentes y accesibles al público.

Crece el interés

No obstante, las criptomonedas y cadenas de bloques no han estado libres de controversias, y una de las preocupaciones principales tiene que ver con el enorme consumo de energía que conllevan sus procesos de verificación y validación de transacciones.

Por ahora, sin embargo, lo que se observa es un interés en paulatino aumento por las criptomonedas y la tecnología de cadenas de bloques, desde muchos frentes, incluyendo a empresas, hasta la banca, entidades caritativas, entre otros.

Un sinnúmero de naciones y territorios, incluyendo a los Estados Unidos y Puerto Rico, así como entidades internacionales, ya contemplan algún tipo de regulación y cobro de impuestos sobre el uso de criptomonedas, o están evaluando posibles marcos regulatorios para su uso.

Algunos países incluso hablan de la posibilidad de crear sus propias criptomonedas, y en el caso de El Salvador, el año pasado se convirtió en el primero en adoptar como instrumento de cambio legal una criptomoneda. Otras naciones, sin embargo, las han prohibido.