La defensa legal de Paseo Caribe pidió el jueves al Tribunal Supremo que intervenga en la controversia sobre la titularidad de los terrenos donde ubica el proyecto y ordene la paralización de los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el caso.

A la moción solicitando la orden provisional en auxilio de jurisdicción se unió la defensa legal de FirstBank Puerto Rico, encabezada por el licenciado Steven Lausell.

"Se suplica a esta honorable Curia se sirva expedir la orden aquí solicitada y, en su consecuencia, ordene la paralización de todos los procedimientos administrativos y judiciales relacionados al proyecto Paseo Caribe hasta tanto sea este honorable foro de última instancia el que resuelva, de manera final y definitiva, la controversia sobre la titularidad de los terrenos...", reza el documento legal.

Los peticionarios alegan que existen circunstancias que ameritan que el máximo foro judicial intervenga "para evitar múltiples y simultáneos procesos administrativos y judiciales y que la dilación que éstos acarrean le causen a la parte demandante-peticionaria daños sustanciales adicionales que, al fin y al cabo, resulten irreparables".

La moción se presenta el mismo día en que la Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe) ordenó la paralización —por 60 días— de los trabajos de construcción en el proyecto, ubicado al lado del Fortín San Jerónimo.

La agencia reguladora celebró sólo una vista administrativa sobre el caso, en la que los abogados del desarrollador Arturo Madero, encabezados por el licenciado Luis Sánchez Betances, no le reconocieron juridicción en el asunto.

Los abogados argumentan que la controversia es sobre la titularidad de los terrenos, para lo que Arpe no tiene jurisdicción, y que si hubiera algún problema con los permisos, la agencia reguladora no les ha notificado como es debido en qué consisten las irregularidades.

Durante la breve audiencia celebrada la semana pasada, los representantes de Arpe reconocieron que no tienen jurisdicción sobre la titularidad, pero afirmaron que una vez otorgan algún permiso tienen derecho a revaluarlo.

Según Sánchez Betances, antes de ordenar la paralización de los trabajos de construcción el gobierno debió ir a los tribunales a través del Departamento de Justicia, y si la corte decidía que las estructuras se construyen en propiedad del Estado, entonces procedía la suspensión de los permisos.

Para Sánchez Betances, la suspensión temporera de los permisos equivale a su revocación, contrario a la opinión del gobierno.