“Housekeeping” en Paseo Caribe.

El representante legal de Paseo Caribe, paralizado por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), indicó que no hay impedimento legal alguno que imposibilite trabajos de limpieza y mantenimiento en la obra paralizada en Puerta de Tierra.

A raíz de una querella radicada ante ARPE ayer por la tarde por una residente de un condominio aledaño al complejo, el abogado Luis Sánchez Betances subrayó que la orden emitida por la agencia paraliza la construcción, pero no impide que se entre a realizar otras tareas, como el retiro de maquinaria o el recogido de moldes, piezas de construcción que usualmente se arman para depositar el concreto en columnas y paredes.

“Los contratistas están en pleno derecho. Es algo que no tiene que ver con el permiso de construcción”, sostuvo Sánchez Betances.

El futuro inmediato de la construcción pende de una vista que se celebrará hoy en el Centro Judicial de San Juan. Luego que ARPE decretara la paralización de la obra por un periodo de 60 días el 27 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones decidió la semana pasada que el tribunal inferior determine en torno a la validez de la orden de la dependencia no más tarde del próximo martes. A ARPE también se le otorgó el mismo término para revisar su propia orden.

“Estoy esperanzado de que la controversia se resuelva lo más pronto posible para el bienestar del pueblo de Puerto Rico y que el tribunal decida que esos terrenos no son de dominio público”, dijo el abogado.

Demolición vs implosión

Decenas de organizaciones civiles y sindicatos que cobijan a empleados gubernamentales indicaron ayer que bajo ninguna circunstancia el complejo turístico-residencial de Paseo Caribe debería implosionarse, por el impacto ambiental que la operación tendría sobre la Laguna del Condado.

No obstante, solicitaron que el proyecto, cuya inversión sobrepasa los $260 millones, se demuela a pedazos.

De hecho, uno de los activistas más abiertamente en contra de la obra, Miguel Ángel Reyes de Jesús, alegó que la demolición generaría más empleos que su construcción. Se estima que la obra finalizada crearía cerca de 2,000 empleos directos e indirectos.

“El Campamento del Pueblo no se puede levantar”, dijo Reyes de Jesús, al referirse a los activistas que llevan acampando varios meses frente a la construcción, a la entrada de la isleta de San Juan. “El campamento reconoce el apoyo desinteresado que han ofrecido jóvenes estudiantes. La juventud de este país se interesa por el bienestar de este pueblo”, agregó.

Varias organizaciones sindicales, que representan a maestros y a empleados de corporaciones públicas, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se unieron al reclamo por la demolición de la obra al indicar que una cantidad aún indeterminada de sus terrenos son de dominio público al ser ganados al mar, como concluyó el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, en una opinión legal.

El Secretario entiende que hay más terrenos de dominio público en el solar del Caribe Hilton, específicamente donde se construyó su ampliación, pero Pedro Muñiz, portavoz del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, descartó que la hospedería formara parte de la misma controversia.

Las organizaciones que se oponen a la obra pretenden que el Gobierno subvencione el desarrollo de un proyecto alterno para los terrenos de dominio público que se encuentran actualmente dentro de los predios de Paseo Caribe. “Ésta es una lucha patriótica por el territorio nacional que es nuestro. Es un asunto de sobrevivencia nacional”, indicó el ex preso nacionalista Rafael Cancel Miranda.

Desde su fase conceptual, en el 2000, hasta su primera piedra, en el 2003, Paseo Caribe arrastró una serie de controversias por ubicar en terrenos que colindan con el fortín San Jerónimo del Boquerón.

Ayer por la mañana, en una conferencia de prensa sobre otro tema, el director regional del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, José M. Rosado, indicó que en cinco meses su agencia estará lista para comenzar una construcción dirigida a fortalecer los cimientos del baluarte colonial. El Gobierno federal destinará $3.5 millones mientras que el Gobierno de Puerto Rico pondrá $800,000.