El gobierno federal entabló una demanda en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por violar la Ley de Aguas Limpias, y solicita una multa de $37,500 diarios por violaciones que se plantea ocurren desde 2009.

Ante la acción civil, el presidente ejecutivo de la corporación pública, Alberto Lázaro, adujo que esta es parte de un acuerdo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), en el que se reconoce el reto financiero que supone el cumplimiento con las obligaciones ambientales.

La demanda, presentada por la fiscal Patricia A. McKenna, de la Unidad de Crímenes Ambientales del Departamento de Justicia federal, alega que la AAA ha descargado contaminantes sin cumplir con los términos de los permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Contaminantes (NDPES, por sus siglas en inglés) y no ha notificado las descargas hechas sin autorización.

El escrito detalla que la agencia opera 119 plantas de tratamiento, 52 plantas de tratamiento de aguas usadas y 768 estaciones de bombeo a través de la Isla, además de las líneas sanitarias y alcantarillas.

Se alega que hay irregularidades en plantas como la de Barrio Obrero, Puerto Nuevo y Villa Kennedy, entre otras. La AAA tiene permisos de NDPES de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que establecen la cantidad de aguas residuales, pero hay ocasiones en que "el permiso se excedió", según la demanda. 

Indica, además, que entre los contaminantes encontrados hay cobre, arsénicos, residuos de cloro y amonia, así como enterococos y coliformes fecales.

El gobierno federal busca una orden judicial para que la AAA tome medidas preventivas o minimice las descargas a las alcantarillas de sus sistemas de colección a propiedad pública y privada, desarrollar un plan para eliminar las descargas a las alcantarillas y otros contaminantes de sus sistemas no autorizados, y mejorar las comunicaciones con la ciudadanía para notificarles sobre los peligros asociados con los contaminantes de las aguas negras no tratadas.

AAA reacciona a la demanda

El presidente ejecutivo de la AAA dijo en declaraciones escritas que la demanda es parte de un acuerdo, pero que no supone la admisión por parte de la corporación pública de las alegaciones presentadas por el gobierno federal.

Según dijo en un comunicado de prensa, ese acuerdo implica un compromiso de la agencia para continuar con sus programas de optimización de instalaciones y de la operación y mantenimiento de estas. 

También señaló que permite la priorización de obras, según la capacidad financiera de la agencia, mediante la planificación estratégica de proyectos de mayor beneficio e impacto a la salud pública y al ambiente.

“El Acuerdo por Consentimiento reconoce el reto financiero que tiene la AAA con sus obligaciones ambientales al ser una de las utilidades más grandes y complejas en los Estados Unidos, que abarca 170 plantas, ocho represas y 3,500 instalaciones auxiliares y cubrir más de 20,000 millas de líneas de distribución de agua potable y colección de aguas sanitarias”, expuso el funcionario.

Lázaro manifestó que el acuerdo logra la consolidación de acuerdos previos, de 2003, 2006 y 2010, para los cuales la AAA ha incurrido en una inversión aproximada de $1,400 millones.