El juez superior de San Juan Carlos Dávila Vélez no dio paso ayer a la consolidación de unas nueve demandas que radicó el Ombudsman contra varias agencias del Gobierno que alega que no cumplen con la Ley 454, que flexibiliza los reglamentos que aplican a los pequeños comerciantes.

El magistrado declaró no ha lugar una solicitud de consolidación de todos los casos que presentó la abogada del Departamento de Justicia Claudia Juan García, quien representó a las agencias demandadas.

Dávila Vélez atenderá cuatro de los litigios y los restantes cinco quedaron en manos del juez superior Oscar Dávila Suliveres.

Dávila Vélez citó a las partes a una vista argumentativa el 26 de junio, en la que evaluará una moción de desestimación de la parte demandada.

Las agencias demandadas no le reconocen jurisdicción al ombudsman Carlos López sobre la aplicación de la Ley 454, firmada por el ex gobernador Pedro Rosselló el 28 de diciembre de 2000, dos días antes de culminar su mandato.

Las agencias demandadas son los departamentos de Hacienda, Educación, Estado, Recursos Naturales, Salud, la Compañía de Turismo, la Autoridad de los Puertos, la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).

La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca) fue incluida, pero la parte demandante desistió porque dijo que la agencia decidió someterse a la jurisdicción del Ombudsman.

Ayer, el Centro Unido de Detallistas (CUD) radicó una solicitud de intervención en el pleito y el juez concedió cinco días a otras organizaciones que también pidieron intervenir para que radiquen sus respectivos escritos al tribunal. La Asociación de Industriales del Hielo, la Asociación de Dueños de Gasolineras y la Asociación de Pescadores del Oeste anunciaron que intervendrán en el litigio.

“Esta ley existe desde el 2000 y todos los años estamos requiriéndole a las agencias que cumplan y festinadamente se niegan a acatarla. Lo que busca es flexibilizar los reglamentos que afectan al pequeño comerciante, que son aquellos que tienen 15 empleados o menos”, dijo el Ombudsman, quien acudió a la vista de ayer en el tribunal.

Dijo que muchas de las multas que las agencias les imponen a los pequeños comerciantes son onerosas porque fluctúan entre $5 mil y $10 mil. Onerosa también, dijo, es la cantidad de informes y renovación de licencias que les exigen.