El presidente de UBS Financial Services en Puerto Rico, Miguel Ferrer, fue despedido de manera fulminante, pero no se quedará de brazos cruzados.

"Mi intención es demandar la firma... por discrimen y por que esto fue una decisión innecesaria", sostuvo en entrevista radial (WKAQ) el principal oficial ejecutivo (CIO, en inglés)) de la firma de inversiones en la Isla.

"Si eso (la demanda) acaba siendo o no, depende de las negociaciones que habrán", añadió.

Según Ferrer, UBS Nueva York lo despidió efectivo el 14 de septiembre.

"Esta acción (el despido) se debe a mi posición firme y a sustanciales discrepancias sobre como UBS Nueva York quiere que se opere en Puerto Rico en el futuro... La posición (mía) está basada en la defensa de los derechos de los empleados de UBS en Puerto Rico, de los clientes y de mis derechos como CIO en Puerto Rico", añadió.

Ferrer rehusó entrar en detalles aduciendo a la posible demanda.

Sobre su futuro profesional, afirmó: "Yo no pienso salirme de la industria".

Según un diario, la salida de Ferrer supone una reorganización de las operaciones de UBS en Puerto Rico, lo que incluye la consolidación de las operaciones y el cierre de varias sucursales.

De acuerdo con fuentes del diario, ejecutivos del banco suizo se encuentran en la Isla y habrían convocado a una reunión de carácter confidencial la noche del martes en un hotel de la capital, donde se informaría de los cambios.

En cuanto a una supuesta investigación que realizaría el Senado sobre las gestiones de la firma como consultor de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y como manejador de una emisión de bonos de pensiones (POB, en inglés) que superó los 3,000 millones de dólares y que le dejó unos 27 millones en comisiones, Ferrer dijo creer que ello no tiene relación con su despido.

"Mi impresión es que no tiene que ver nada con nada... Si el Senado va a investigar o no va a investigar, no tiene que ver nada con esto", manifestó.

El diario también señala que en los círculos financieros se rumora insistentemente que varios inversionistas gestionan una demanda de clase contra el banco en la Isla, por las dificultades y pérdidas registradas con los fondos mutuos locales.