La demolición de hogares afectadas por los sismos del 2020 es la raíz de controversia en el municipio de Guayanilla.

De acuerdo al líder del Partido Popular Democrático (PPD) de este pueblo, Nery Velázquez Dip, la administración municipal canceló el programa de demoliciones que comenzó el exalcalde popular Nelson Torres Yordán para dar paso a otra subasta que es “objeto de múltiples controversias que desembocaron en un pleito de impugnación que el tribunal atiende”.

Además, dijo que esta acción le quitó “el proyecto a una compañía cuyos principales son residentes de Guayanilla incorporada hace más de quince años para dárselo a una creada meses antes de la subasta”.

“Aquí las acciones no solo se limitan a una subasta en aparente disloque y mal trabajadas, sino que se afectan de manera injusta a cientos de familias de las cuales 38 habían sometido todos sus documentos y se encontraban en turno para que se iniciaran los trabajos de demolición de sus estructuras afectadas. La cancelación de golpe y porrazo de este programa es otro terremoto en nuestro municipio y lo peor es que el alcalde no sabe ni dónde está parado”, señaló Velázquez Dip.

Asimismo, reiteró, que, bajo el programa de la pasada administración, se demolieron ocho residencias con una asignación de $10 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el alcalde Raúl Rivera catalogó la denuncia como “una mentira”, por cuanto continúa la demolición de hogares.

“Eso es una mentira, porque yo estoy demoliendo casas. Comenzamos la demolición de casas el día 1 de octubre”, respondió a Primera Hora al asegurar que continuará el martes, 12 de octubre.

Rivera manifestó que, al asumir la poltrona municipal, se requirió un segundo análisis de los hogares por demoler en el pueblo, ya que algunos dueños asumieron esta demolición y otros repararon los daños. Por ende, 43 están actualmente listas por demoler.

“No sé con qué fundamentos habla. Esto es un proceso burocrático. Nosotros tenemos una asignación del Fondo de Emergencia, que de ese Fondo de Emergencia se va a estar pagando a las personas que hagan las demoliciones y el equipo de trabajo que, por ley, FEMA nos está pidiendo. Por cada $1,000 que nosotros gastemos en demoliciones, FEMA nos reembolsa el 75%. Pero, tenemos que asegurarnos que todo esté en orden para que FEMA no levante una bandera y no nos devuelva el dinero. ¿Para qué queremos ese 75%? Para reconstruir”, comentó el alcalde novoprogresista, quien se rehusó en especificar cuántos fondos tiene asignado.

Anteriormente, Velázquez Dip denunció la aprobación de una ordenanza por parte de la administración guayanillense que eleva los arbitrios de construcción en ese municipio entre un 20 a 40%, por lo que entiende que “la cancelación del contrato de demoliciones responde a una aparente intención del alcalde PNP en incrementar los recaudos a costa del pueblo”.

“Aumenta los arbitrios de construcción hasta en un 40% y pretenden otorgar una subasta en contrariedad a los principios básicos de precio y experiencia que debe prevalecer en estos casos. Esto nos hace pensar que la movida persigue aumentar los recaudos con los proyectos de FEMA sin tomar en cuenta a las familias afectadas”, subrayó.