La ex presidenta y gerente general de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) Adaline Torres Santiago no tuvo éxito ayer en otro intento por lograr la desestimación de los cargos que le radicó el fiscal especial independiente (FEI) César López Cintrón por la cancelación de un viaje de personas con impedimentos físicos del Programa Llame y Viaje.

Torres Santiago encara cinco cargos graves de alteración de documentos y uno de perjurio en etapa de vista preliminar.

Ayer, la jueza superior de San Juan Wanda Cruz Ayala denegó una solicitud de desestimación de sus abogados, Rafael González y Ralph Valone, quienes volvieron a plantear que el FEI no tiene jurisdicción sobre la ex funcionaria porque el panel de ex jueces no estaba constituido cuando se radicó el caso.

Los abogados alegan que dos de los miembros del panel tenían nombramientos de receso y no habían sido confirmados por el Senado, pero no prosperaron con el mismo planteamiento que levantaron en la vista de causa para arresto y en una demanda civil.

La jueza acogió el argumento de López Cintrón, quien alegó que la Constitución de Puerto Rico establece que los funcionarios que nombre el Gobernador cuando la Legislatura esté en receso entran en funciones de inmediato con todos los poderes del cargo.

Sin embargo, la defensa pidió tiempo a la jueza para estudiar la posibilidad de acudir en alzada al Tribunal de Apelaciones.

La magistrada reseñaló la vista preliminar para el 12 y 13 de julio, de manera que la defensa tenga tiempo para decidir si recurre al Apelativo en el término de 30 días que le confieren las reglas de Procedimiento Criminal.

La jueza le ordenó al FEI a entregar a la defensa “cualquier prueba que proceda en derecho” y López Cintrón le proveyó las transcripciones de las declaraciones que prestó la acusada en las vistas públicas de la Comisión de Asuntos del Consumidor en 2005.

“Se acordó que todo aquello que proceda en derecho se lo vamos a entregar sin ningún problema”, dijo el fiscal delegado José Pérez Rodríguez.

Torres Santiago estuvo acompañada por sus dos hijas y al salir del tribunal dijo que para ella el proceso ha sido doloroso. “Yo confío en la Justicia, pero esto para mí es muy triste. Es un proceso bien doloroso para mi familia y para mí”, dijo a Prensa Asociada.

A Torres Santiago se le imputa ordenar la cancelación de un viaje de usuarios del programa Llame y Viaje a una vista pública en el Capitolio, el 7 de diciembre de 2005, en la que éstos se opondrían a un alza en las tarifas. De salir culpable se expone a una pena de seis meses a tres años de prisión en cada uno de los delitos, pero éstos contemplan el derecho a probatoria.