Ante denuncias sobre la supuesta inacción de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) en el Servicio Público, dos senadores presentaron el lunes una medida para investigar el funcionamiento de la entidad pública.

Aunque el senador novoprogresista Héctor Martínez sometió en enero la pieza legislativa a esos efectos, su homólogo Carmelo Ríos se le unió el lunes, cuando finalmente fue aprobada por el pleno del Senado.

Según los legisladores, algunos abogados que postulan en CASARH han denunciado que alegadamente existen al menos 5,000 casos que datan de hasta siete u ocho años atrás y no han sido resueltos.

"Esta tardanza injustificada pudiera resultar más costosa al erario, pues las cuantías de pagos de resoluciones retroactivas serían millonarias por el periodo esperado para resolver las mismas. Con ello, se afecta directamente la economía, el presupuesto del país y el de los municipios", manifestó Ríos en conferencia de prensa.

La CASARH fue creada en 2004 para servir como foro apelativo de primera instancia de aquellos funcionarios que no estén organizados sindicalmente -incluyendo gerenciales- ante posibles violaciones de sus derechos mediante decisiones administrativas, como suspensiones, destituciones, entre otras.

Ríos y Martínez señalaron que han recibido información de tres abogados postulantes en ese foro, que incluso han considerado dejar de atender casos allí debido al atraso de la adjudicación y revisión de las querellas presentadas por los empleados públicos.

"Muchos están desistiendo de llevar casos... porque ellos cobran según se resuelven los casos", manifestó Ríos.

"Nos vamos a quedar sin abogados que quieran llevar casos en ese foro sencillamente porque no se resuelven", abundó.

Por su parte, Martínez destacó que, al no atender los casos, a los funcionarios se les están violando sus derechos e, incluso, resaltó que el reglamento de la comisión establece que deben resolverse en un término máximo de seis meses luego de la radicación de la querella.

"Están violentando el debido proceso de ley a esos empleados, que es justicia rápida", comentó Martínez.

Los senadores novoprogresistas esperan que las vistas públicas a cargo de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales comiencen de inmediato tras la aprobación de la medida.

Ríos planifica reunirse con la senadora Lucy Arce, presidenta de la comisión legislativa, en busca de que se agilice la consideración de la pieza.