“Cuestionable” asistencia humanitaria a activistas de Paseo Caribe.

La presidenta del Colegio de Abogados, Celina Romany Siaca, sostuvo ayer que las autoridades bajo ninguna circunstancia pueden privar a los manifestantes que abordaron las grúas del proyecto Paseo Caribe de agua y comida como parte de su plan para inducir su retirada y eventual detención por parte de los agentes de seguridad que custodian el lugar.

Al igual que otros portavoces de organizaciones de derechos civiles, Romany Siaca dijo que la privación constituye una violación de los derechos civiles de los tres activistas que permanecían encaramados en las grúas desde el lunes por la madrugada.

“Lo que hay que aclarar es que el derecho a la libre expresión no es absoluto, pero aquí estamos hablando de otro derecho, el derecho a la vida, que corre por un carril independiente”, sostuvo Romany Siaca, quien realizó ayer una conferencia de prensa frente a Paseo Caribe junto la directora del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, Wanda Colón.

El superintendente de la Policía, Pedro Toledo, permitió que los activistas recibieran un sándwich y una botella de agua el miércoles por la noche luego que uno de los manifestantes descendiera de una torre por falta de agua.

Pero, varios activistas han indicado que los manifestantes requieren más alimentos debido a las largas horas que han pasado bajo el sol, sentados sobre las vigas de las poleas giratorias.

Una de las grúas permanecía erigida a unos 130 pies del suelo, mientras las otras dos estaban a unos 80 pies, aunque los pisos más altos de las estructuras donde la maquinaria está ubicada acorta la distancia a poco más de la mitad.

El temor principal de muchos era que los activistas se cayeran de las grúas a causa de la debilidad provocada por la falta de alimentos y agua.

Romany Siaca destacó un grupo de abogados para mediar en las negociaciones entre los activistas y los agentes de seguridad, así como para asegurar que los manifestantes de las grúas “reciban alimentos”.

“No vamos a permitir violaciones a los derechos civiles y humanos de los activistas y estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, dijo Romany Siaca, quien evaluaba encomendar una investigación independiente del proceso de permisología que culminó en la aprobación del proyecto Paseo Caribe.

La letrada también le escribió al secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, cuestionándole el papel que ha desempeñado la agencia ante irregularidades detectadas en el proceso de otorgamiento de permisos de Paseo Caribe por una investigación senatorial.

“Ésta es una situación bien conflictiva y contradictoria, sin lugar a dudas, pero en una llamada democracia hay que conciliar. Esto es un ejemplo dramático de cómo los ciudadanos explotan ante la indignación de un pueblo”, dijo por su parte Colón.

El puñado de activistas que permanecía acampando en una isleta ubicada frente a una de las entradas de Paseo Caribe, en la avenida Ponce de León, recibió ayer la inesperada visita de Ismael Guadalupe, una de las figuras más reconocidas de la desobediencia civil contra la Marina de Estados Unidos en Vieques. El líder viequense encontró varios paralelismos entre la protesta contra Paseo Caribe y las manifestaciones en contra de las prácticas militares en la isla-municipio.

“Hay un apoderamiento de territorio que le pertenece al pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

Cautela judicial

El juez Carlos Dávila Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, decidió ayer no ordenar a la Policía desalojar a las personas que permanecían en las grúas de construcción del proyecto Paseo Caribe, informó la AP.

El magistrado programó una vista para hoy, a las 3:00 de la tarde, en la que la desarrolladora del proyecto, F&R Construction Group Inc., deberá explicar por qué solicitó al tribunal que ordenara a la Policía sacar de allí a los manifestantes.

“Por el tribunal entender que cualquier acción que realice la Policía de Puerto Rico para bajar por la fuerza a los dos manifestantes de las grúas pondría en riesgo la seguridad y la vida de estas personas y de los agentes del orden público, se discutirá en la vista si el tribunal debe denegar la solicitud del demandante por ser contraria al interés público”, indica la orden de Dávila Vélez.

El contratista general F&R Construction pidió al tribunal que emitiera, mediante un auto de mandamus, una orden para que la Policía y el superintendente Toledo desalojaran de inmediato a los manifestantes.

Tres manifestantes, dos hombres y una mujer, permanecían ayer en la punta más remota de las grúas de construcción del proyecto, cada cual con una bandera de Puerto Rico.