La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes interrogará esta tarde a puertas cerradas al propietario de la compañía Apex General Contractors, Robert Rodríguez López luego que éste reclamara protección para él y su familia, pues dijo que coopera con las autoridades estatales y federales.

Juan Ramón Acevedo, abogado de Rodríguez informó a la comisión legislativa en una carta que su cliente coopera desde el 14 de abril con otras investigaciones federales y estatales y pidió que la vista no fuera pública.

“Como le notifiqué anteriormente, el señor Rodríguez López ha estado cooperando desde el 14 de abril de 2020 con las autoridades federales y estatales en el asunto que investiga la comisión. En vista de esto y para proteger vida y la seguridad del señor Rodríguez López y su familia, solicitamos que dicha audiencia sea una ejecutiva, en privado”, indicó el abogado en la carta con fecha del pasado 14 de marzo.

Hoy, el abogado volvió a hacer el planteamiento y la Comisión de Salud acordó escuchar primero a Rodríguez López en una vista ejecutiva. Tras escuchar sus argumentos, la comisión legislativa cordó por unamidad que la vista fuera pública para no afectar las otras investigaciones en curso.

Primera Hora supo que en la reunión ejecutiva varios legisladores preguntaron al empresario si había sido amenazado y que este respondió en la afirmativa, pero no de forma directa. Rodríguez López indicó a los representantes que ha recibido ataques a través de las redes sociales.

La Comisión de Salud de la Cámara de la Cámara de Representantes reanudó esta mañana las vistas investigativas en torno a irregularidades en contrataciones y servicios en compras en el Departamento de Salud como parte de la emergencia del COVID-19.

Comparecieron a la audiencia Rodríguez López, de Apex General Contractors, compañía que obtuvo el abortado contrato de $38 millones para la compra de un millón de pruebas rápidas y Ricky Castro, de Castro Business, quien logró otro contrato para 50 mil pruebas serológicas.

Castro, quien declaró públicamente, dijo que obtuvo una orden de compra verbal del Departamento de Salud para proverles unas 50 mil pruebas rápidas a un costo de $13.00 por unidad y admitió que nunca firmó un contrato con la agencia.

Incluso, dijo que las pruebas, tenían al aval de la Adminstración Federal de Drogas, pero reconoció que las mismas, que gestionó a través de una compañia en Miami, fueron detenidas temporeramente por el ente federal y que después las liberó.

El contratista declaró que llegó a entregar unas 8,900 pruebas al Departamento de Salud y que el remanente de las 50 mil las vendió a otras jurisdicciones porque alegó que no ha tenido comunicación con la agencia. Sostuvo que tampoco ha recibido paga por las pruebas que suministró.

Dijo que el 24 de marzo, le adjudicaron la compra y que la noche antes, recibió una llamada en conferencia en la que estaban el encargado del task force médico, Segundo Rodríguez, la entonces secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo y “otras personas” que no podía precisar. Dijo que la llamada era para preguntarle si las pruebas podían estar antes en Puerto Rico del primero de abril, fecha que había prometido inicialmente.

"Entiendo que fue la doctoara, la secretaria de Salud en ese momento, pero no puedo precisar“, declaró sobre la persona con la que supuestamente hizo el acuerdo verbal. Dijo que no podía precisar si en la llamada en conferencia estaba la gobernadora Wanda Vázquez.

"Fueron dos llamadas, la primera el 23 de marzo y la segunda el 27 de marzo. Presumo que fue una fémina la que llamó, pero no puedo decir a ciencia cierta”, declaró Castro.

“Es un riesgo (el acuerdo verbal) que me he corrido muchas veces, si no me adjudicaban la compra, la vendía en otro mercado”, alegó el empresario, quien dijo que es dueño de unas nueve compañías y que la principal es Castro Businness.

Agregó que la venta se adjudicó el 25 de marzo y que la primera entrega la hizo en el Negociado de Manejo de Emergencias el 27 de marzo.

El tercer citado para hoy, Ricardo Vázquez, de 313 LLC no compareció al salón de audiencias Severo Colberg Ramírez, en el Capitolio.

El representante Morales dijo que el bufete Negrón Matta solicitó a su oficina legislativa que Vázquez compareciera a una vista ejecutiva y que han estado cooperando con investigaciones en otros foros.

Morales indicó sin embargo, que Vázquez y su representación legal debieron comparecer a la vista de hoy para hacer el planteamiento al pleno de la comisión. Añadió que evaluarán citarlo para una próxima fecha so pena de desacato.