El juez superior Manuel Cabán Soto se inhibió de presidir la vista preliminar contra la ex presidenta y gerente general de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) Adaline Torres Santiago, quien encara cargos criminales por la cancelación de un viaje de personas con impedimentos físicos del programa Llame y Viaje al Capitolio.

Cabán Soto, quien es una persona con impedimentos físicos, no fundamentó las razones para la inhibición.

En la resolución, con fecha del pasado 17 de abril, se refirió a la regla 80 de Procedimiento Criminal que permite que los jueces se inhiban por iniciativa propia sin dar explicación.

La vista preliminar fue referida a la jueza superior Wanda Cruz Ayala, quien es la jueza pareja de Cabán Soto.

El caso estaba señalado para el 22 de este mes.

El pasado mes, la jueza de la Sala de Investigaciones de San Juan Gricelle Lugo le encontró causa para arresto a Torres Santiago en seis cargos graves, cinco de alteración de documentos y uno de perjurio que le radicó el fiscal especial independiente (FEI) César López Cintrón.

Los cargos se relacionan con la cancelación de un viaje de usuarios del programa Llame y Viaje a una vista pública en el Capitolio el 7 de diciembre de 2005 en la que se discutiría un alza en las tarifas.

Lugo falló en contra de Torres Santiago luego de escuchar los testimonios de cinco perjudicados y de la coordinadora de servicios del Programa Llame y Viaje, Migdaris García Flores.

La testigo principal de cargos fue la directora del Programa Llame y Viaje, María Cordero, pero el FEI presentó su testimonio mediante una declaración jurada porque dijo que la ex funcionaria está en Estados Unidos atendiendo una situación de salud de un familiar.

Cordero alega en la declaración jurada que Torres Santiago le dio instrucciones verbales de que borrara de las computadoras o cambiara las reservaciones de los usuarios que irían a las vistas en el Capitolio.

La jueza aceptó como parte de la evidencia una transcripción de la vista de la Comisión de Asuntos del Consumidor, del 23 de diciembre de 2005, en la que Torres Santiago negó bajo juramento haber ordenado la cancelación del viaje.

Los perjudicados -todos impedidos- declararon que después que hicieron reservaciones para ser transportados al Capitolio les cambiaron sus destinos y fueron conducidos a sus trabajos.

La defensa de Torres Santiago la integran los abogados Rafael González y Ralph Valone, quienes alegaron sin éxito que el panel de ex jueces del FEI no está debidamente constituido.