Empleados de diversas dependencias del Departamento de la Familia de toda la Isla se manifestaron hoy en Hato Rey para reclamar mejores condiciones laborales y un salario más justo.

A pesar de la fuerte lluvia, cientos de empleados de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Administración para el Sustento de Menores (Asume) y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), protestaron frente a las oficinas del secretario interino del Departamento de la Familia (DF). Eddie García Fuentes, en el edificio Mercantil Plaza, en la avenida Ponce de León, contra lo que consideran prácticas “discriminatorias y sin precedentes”.

Según el reclamo, el DF otorgó aumentos de $600 mensuales a empleados de la Administración de Familias y Niños (Adfan) y el Secretariado bajo la incumbencia de la exsecretaria Glorimar Andújar, que se hicieron efectivos en diciembre pasado. Además, esos mismos empleados habrían recibido otros $300 de aumento mensual, lo que supondrían aumentos de $900 con respecto a su paga en noviembre de 2019.

En cambio, en las otras dependencias hay empleados con mucho tiempo de trabajo que llevan años sin ver un aumento salarial y apenas reciben un salario bruto de $1,341, que se queda en alrededor de $1,000 al mes luego de pagar las deducciones.

De igual forma, alertaron que desde el golpe del huracán María en septiembre de 2017 que aceleró el deterioro que ya existía en muchas oficinas del DF, las condiciones en esas instalaciones han ido empeorando aún más hasta llegar a trabajar “inclusive entre ratas”. En algunos casos, han tenido que depender “de la gentileza de los gobiernos municipales” para poder mantener las oficinas operando en condiciones aceptables.

“Nosotros por años hemos estado sufriendo como los empleados públicos peor pagados, en comparación con todas las agencias. Llevamos más de 12 años sin recibir un aumento. Hemos recibido atropello en la parte laboral, con pocos materiales, poco equipo, poco personal. Y ahora se suma que el gobierno contrató un personal por servicios profesionales, pero lo triste del caso es que van a cobrar más que técnicos que llevan 12 años sin recibir un aumento”, expresó David Echevarría.

“Hemos solicitado, utilizando todos recursos, todos los foros que nos han permitido para tratar de lograr una charla, una audiencia con el secretario. Él lleva poco tiempo, pero le tocó trabajar con este desmadre que dejó la pasada administración. Por eso es que nosotros estamos aquí, exigiendo justicia, equidad y como mínimo una explicación”, agregó Echevarría.

El manifestante indicó que no aceptan la excusa de falta de dinero para aumento, porque ahora mismo están contratando personal nuevo, con mejores salarios que los empleados que llevan tiempo en la agencia.

De acuerdo con Mariann Sánchez, el DF ha contratado unos 15 oficiales de caso por cada región, que serían uno 150 personas, “para hacer un tercio del trabajo que hace un técnico de asistencia social y familiar” con el bajo salario de $1,341 mensuales.

Aseguró que no se justifican esos contratos porque los empleados mantienen todos los programas al día. “Si no estuviesen ofreciendo los servicios estaríamos hablando de una crisis humanitaria, los supermercados no estarían vendiendo alimentos. Aquí se sabe que más del 75% de las personas que vamos a consumir a un supermercado en su inmensa mayoría todos participan y hacen compras con su tarjeta de cupones”.

“Al día de hoy, no nos han contestado nada. El secretario tiene una carta que se le entregó a la mano aquí en su oficina a su secretaria, desde el 24 de enero del 2020, y aquí no ha habido respuesta alguna”, condenó Sánchez.

La manifestante condenó además las represalias que han recibido los empleados que han decidido protestar, que incluyen amenazas de no pagarles el día a quienes usen su camisa negra de protesta o que decidan unirse a la manifestación.

“Nos dieron un memo orientado por una opinión legal de la licenciada (Corally Veguilla Torres) de que no podíamos utilizar esta camisa que tenemos. Esta camisa nada dice en contra de nuestro patrono (lee, Lucha, Justicia e Igualdad). Eso es un acto es censurable de la división legal del Departamento de la Familia, dirigido por licenciada. La petición fue que nos teníamos que retirar de las oficinas o cambiarnos la camisa, o nos iban a descontar el día de salario. Esa fue la amenaza que nos hicieron”, dijo Sánchez, argumentando que la expresión en la camisa “está cubierta por la libertad de expresión que es un derecho constitucional inviolable”.