Salinas. Nueve empleados municipales entablaron una demanda a nivel federal contra la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón y la directora de Recursos Humanos por alegado discrimen político y violación a sus derechos civiles.

Los demandantes, afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), alegan en su demanda que han sido desplazados de sus funciones, trasladados a otras dependencias e incluso despedidos por sus ideologías políticas.

El grupo reclama una compensación de no menos de $7 millones.

La empleada Jessica Morales alegó que en marzo le quitaron la computadora y no hace ningún trabajo. Mencionó que el director Orville Correa no se presenta a las oficinas y que los tres empleados de esa oficina están en espera de instrucciones. “Llevé la preocupación a la Oficina de Recursos Humanos y a la alcaldesa, y nadie hizo nada”, dijo.

Morales indicó que la situación le ha provocado problemas de salud, como presión alta y estrés. “Yo vine a servirle al pueblo sin mirar colores”, aseguró.

La trabajadora reiteró que ni ella ni sus compañeros se han negado a trabajar.

“Hicimos un compromiso con el pueblo de Salinas, sin importar quién sea el alcalde”, expresó Morales.

Por otro lado, el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo destacó que la historia se repite porque mientras Bonilla Colón se desempeñaba como vice alcaldesa, la administración del Partido Popular Democrático también discriminó contra empleados penepés.

“Con $7 millones son muchos los proyectos que se pueden realizar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un municipio en donde su presupuesto apenas alcanza los $13 millones”, expresó,

El médico de profesión señaló que considera la acción de la alcaldesa como un acto de insensibilidad, ignorancia y prepotencia.

“Desde que comenzó su gestión demostró un patrón de abusos y atropellos contra los servidores públicos”, insistió.

El ex alcalde dijo que “si los tres años que restan serán como los primeros nueve meses de gestión, los salinenses viviremos un calvario”.

Al ser abordaba por Primera Hora, la alcaldesa respondió que hasta el momento no ha sido emplazada, por lo que no emitirá declaraciones. Sin embargo, aseguró que las medidas administrativas que se han tomado en el Municipio se han hecho de manera responsable.

“Todas las medidas son conforme a la ley y no fundamentadas en ideologías políticas”, aseguró Bonilla Colón.