Hay esperanza en que el complicado proceso del permiso único finalmente pueda simplificarse y agilizarse, al tiempo que continúe cumpliendo con las exigencias de leyes y reglamentos locales y federales, para que así se pueda facilitar el desarrollo económico de la isla.

Al menos ese fue el sentir manifestado por varios representantes de organizaciones empresariales, así como el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, luego de una reunión sostenida en Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez, en la que se abordó el polémico tema.

De acuerdo con Laboy y los empresarios, muchas preocupaciones fueron atendidas, y se acogieron las recomendaciones del sector privado.

“Pudimos tener una conversación muy amplia, muy productiva, y muy puntual. Pudimos ir asunto por asunto de lo que tiene que ver con las preocupaciones principales que tiene el sector privado. Y no solo la preocupación sino cuáles son las recomendaciones y las propuestas específicas en un plan de trabajo que pudimos acordar, donde vamos a estar trabajando por los próximos días y semanas. Y ya tenemos inclusive una reunión de seguimiento con la gobernadora y el sector privado en el mes de febrero”, afirmó Laboy.

En la reunión participaron entre otros representantes de la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Contratistas Generales, el sector de construcción, el sector industrial y farmacéutico, así como el municipio de Bayamón.

Laboy aseguró que, a raíz de la productiva reunión, se tomarán “unas determinaciones administrativas que estará haciendo el DDEC a través de la Oficina de Permisos, van a haber unos cambios que haremos para mejorar el sistema digital de permisos, también vamos a estar recopilando y poder adelantar enmiendas al reglamento conjunto, y hay un acuerdo donde también se van a trabajar una serie de enmiendas para atender la Ley de Permisos que fue trabajada en el 2017”.

José Ledezma, presidente de la Cámara de Comercio, calificó la reunión de “muy productiva” y se mostró “confiando en que estas gestiones van a ser exitosas y que van a resultar en una facilidad de poder hacer negocios en Puerto Rico”.

De forma similar, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles, dijo que fue “una reunión muy productiva”, en la que pudieron llevar sus preocupaciones ante la gobernadora.

“Entiendo que muchas de ellas (las preocupaciones) se van a resolver de manera expedita, toda vez que ella tiene la potestad de, por orden ejecutiva, adelantar muchas de las cosas que hemos planteado”, dijo Argüelles.

Más específicamente, se mencionó el problema de la plataforma cibernética de permisos, que reconoce al comerciante como una operación nueva y le impone las exigencias del código de construcción adoptado en el 2018 por requisito federal, que en casos de construcciones más antiguas se traduce en unas exigencias sumamente onerosas en casos hasta imposible de cumplir.

También se habló del periodo de renovación de licencias (de bomberos, sanitaria, de licores, de cigarrillos, entre otras), que bajo el nuevo reglamento debe ser anual, pero que los comerciantes piden sea por periodos más largos de tres o cinco años, como ocurría en el pasado.

También se pidió unificar los requisitos de manera que sean iguales para todos los 78 municipios, y acabar así las discrepancias que existen actualmente.

Asimismo, se tocó el tema de la figura del inspector profesional, y se pidió que los mismos sean todos educados para que se apliquen las mismas reglas para todos los municipios y todas las operaciones que sean similares.

También se pidió que se agilice el permiso cuando se trate del caso de que se vaya a hacer la renovación de un negocio existente y operando por parte de un nuevo dueño, de manera que sea un trámite más ágil que solo sea cuestión de cambiar de nombre y no volver a someter toda la documentación como si fuera a comenzar de cero.

Laboy aseguró que trabajarían en todas esas propuestas. De hecho, fue enfático en que las renovaciones de licencia no serían anuales, y que buscarían una alternativa a tres a cinco años que pueda satisfacer a todas las partes.

El secretario del DDEC explicó que, aunque vengan cambios, se seguirá cumpliendo con las reglamentaciones y leyes aplicables federales, estatales y locales.

“La petición siempre ha sido, y yo me he hecho eco, de que se puede ser ágil y dar certeza, sin comprometer el cumplimiento. El cumplimiento tiene que hacerse siempre, y siguiendo las leyes federales, estatales y locales que apliquen a cualquier desarrollo”, insistió Laboy, recordando que considera “regla de oro” que los proyectos incluyan sustentabilidad y protección del medio ambiente.

Aunque la reunión se enfocó en el tema de los permisos, se tocó brevemente el tema de las pérdidas por los sismos en el sur, y se anunció que ya desde hoy el DDEC está recibiendo solicitudes de los pequeños negocios afectados que puedan calificar para recibir un incentivo de $2,500 en efectivo.

El secretario dijo que para calificar, el negocio afectado debe estar en uno de los municipios incluidos en la zona declarada como desastre mayor; que tenga ventas brutas al año de $3 millones o menos, que tenga 25 empleados o menos; puede ser de cualquier sector pero debe mostrar su certificado de comerciante de Hacienda y la patente municipal al día.

Según Laboy, ya estaban recibiendo peticiones en Ponce y Yauco. Dijo que, aunque se esperaba unas 400 peticiones, están en condiciones de ampliar la cantidad, si así fuera necesario.