Un ataúd negro abrió el paso hoy a una procesión que recorrió las calles de Piñones, en Loíza. Pero, en lugar de dolientes, la comitiva la integraron vecinos de la zona y activistas ambientalistas que reclamaron el fin del proyecto turístico y residencial Costa Serena.

Con el Entierro a Costa Serena, como se denominó la actividad de la Coalición Piñones-Loíza, los manifestantes pidieron a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que deniegue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del desarrollo, y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que continúe los trámites para expropiar los terrenos con el fin de conservarlos.

“¡La JCA y el DRNA tienen que enterrar a Costa Serena de una vez por todas! La comunidad desea la salida permanente de la PFZ Properties Inc. de Piñones para no tener que volver a enfrentar futuras amenazas y conflictos con la compañía que nos ha atropellado y acechado por más de 40 años”, expresó en un comunicado Yolanda Pizarro, residente en el sector Monte Grande, en Piñones, en referencia a la compañía propiedad del desarrollador Joel Katz.

El Tribunal Supremo denegó el mes pasado la DIA que la JCA emitió en el 2006 debido a errores en la notificación de la resolución de la agencia.

 Tras el fallo del máximo foro judicial, el proyecto Costa Serena regresa ante la consideración de la JCA.

Costa Serena, según propuesto, incluía 880 unidades de condo-hotel, 42 unidades residenciales, 1,394 estacionamientos, un casino, seis entradas de control de acceso y 5,000 metros cuadrados de área comercial en el área de Monte Grande y Vacía Talega, en Piñones.

El complejo se edificaría a lo largo de una franja de terreno entre el bosque de mangle y la carretera PR-187.

Los miembros de la coalición alegan que la administración de Luis Fortuño infló el valor de los terrenos de PFZ Properties de $4.9 millones a $32.5 millones.

“Piñones celebró la decisión de que los terrenos donde se proponía el proyecto Costa Serena serían expropiados para propósitos de conservación por el DRNA en agosto 2008. Ahora, estamos alarmados ante el valor de la nueva tasación ordenada por el DRNA y su negligencia en el manejo del caso. Aquí, el DRNA ha sido irresponsable al inflarle el valor a estos terrenos a $32.5 millones y negligente en el manejo de todo el proceso de expropiación”, sostuvo Maricruz Rivera Clemente, directora ejecutiva de la Corporación Piñones Se Integra (COPI).

“La comunidad quiere la salida permanente de la PFZ Properties, pero jamás deberá ser a cuesta de los limitados recursos económicos del Pueblo de Loíza y de Puerto Rico”, abundó.

Los integrantes de la Coalición Piñones-Loíza dijeron que esperan que la JCA tome en cuenta los nuevos mapas de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que entraron en vigor en el 2009 y en los que presuntamente toda el área en la que se proponía la construcción fue clasificada como una zona de terrenos inundables.

“La JCA se ve obligada a denegar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, ya que la misma está basada en información obsoleta”, afirmó Carmen Guerrero, planificadora ambiental y asesora de la Coalición Piñones-Loíza.