Loíza. Doña Antonia Osorio Reyes le teme al rugido del mar. Es amenazador, ominoso.

A lo largo de los 71 años que ha vivido allí, esas aguas han espantado a muchos de sus vecinos, pues ni la carretera ha podido soportar el fuerte oleaje que queda a unos pies de su casa.

“Hay mucho menos gente”, indicó la mujer de 91 años a Primera Hora, sentada en el sofá de su casa, que ubica en el sector Parcelas Suárez del barrio Medianía Baja, en Loíza.

Los problemas de salud la aquejan. Sufre de psoriasis, diabetes y dolores de huesos, entre otros. A esto se le suma el temor de que un día, una de esas olas feroces llegue hasta su umbral. Dice vivir “día a día, a son de esas pruebas”.

Pero la solución no es escapar ni abandonar la casa donde crió a ocho hijos e hijas, sino exigirles a las agencias gubernamentales que tomen acción y se responsabilicen para evitar la erosión costera.

“Ellos (el gobierno) tienen la culpa de que esto esté así. Nosotros exigimos que arreglen la playa, lo arreglen lo más que puedan, porque ya uno está nervioso”, dijo.

“¿Quién le gusta dejar su casa? A nadie… Si uno no lucha por lo de uno, ¿quién lo va a luchar? Estoy viuda, pero tengo fuerza…por este Dios y mis hermanos que me oran, que no me falta”, agregó doña Antonia, quien dijo tener 100 nietos y bisnietos.

En medio de la angustia que vive doña Antonia y sus vecinos, se fermenta una discordia entre la alcaldesa loiceña, Julia M. Nazario Fuentes, y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), liderado por el secretario Waldemar Quiles Pérez.

El desacuerdo entre ambos nace de qué material se utilizaría para detener la erosión, pues el municipio ha elegido construir una barrera con piedras, aunque el DRNA se opone por ser nocivo a largo plazo.

Riña entre el DRNA y la alcaldesa

La alcaldesa convocó esta mañana una conferencia de prensa justo en la intersección de las calles 3 y 10 de la comunidad para denunciar a la agencia pública de crasa irresponsabilidad en atender la situación de emergencia a causa del oleaje en esta costa.

Acusó al DRNA de denegar el permiso para el revestimiento de piedras que mitigaría la erosión costera.

“Estoy indignada, estoy frustrada”, tronó Nazario Fuentes con voz entrecortada.

“Yo estoy consciente que hay acciones que se pueden hacer. No está en mis manos. Hoy, ante la prensa de Puerto Rico y la comunidad de Parcelas Suárez digo que cualquier situación que pase en este lugar estoy responsabilizando al secretario del DRNA y, por supuesto, al gobierno de Puerto Rico que se ha hecho de la vista larga ante un problema tan serio”, sostuvo.

Quiles Pérez, sin embargo, rechazó vehemente las declaraciones de la alcaldesa, asegurándole a Primera Hora que el señalamiento “carece totalmente de veracidad”.

“La verdad está totalmente ausente en ese comentario. Nosotros no hemos denegado el permiso del proyecto. Nosotros lo que hicimos fue poner unas condiciones de que no fuera piedra y que fueran estructuras blandas”, explicó a este diario.

Las estructuras blandas, detalló el mayor retirado del Ejército de los Estados Unidos, podrían ser sacos grandes de arena, diseñados específicamente para la mitigación de erosión en costas, o los geotubos, creados de un material similar al que se fabrican los sacos que se rellenarían de arena.

El costo de este material hubiera sido de $60,000, sin incluir mano de obra, si la alcaldesa lo hubiera acogido cuando Quiles Pérez se lo sugirió en 2025, aseguró.

“El problema con la piedra es que redirige la energía y causa daños en otro lugar. Esto lo que está sucediendo aquí es producto de un proyecto que se hizo más hacia al oeste. La energía se redirige y socava en otro sitio. Esto ha pasado en Vega Baja y en muchos otros sitios. Si no se reviste el litoral completo, la energía se va a otro sitio y termina socavando en otro lugar”, detalló el titular de la agencia.

Nazario Fuentes reconoció que colocar piedras no necesariamente es la mejor opción para evitar la erosión costera, por posibles repercusiones ambientales. Por otro lado, la vida útil de esta barrera no se supone supere los siete años, confesó. Pero, por tratarse de una alternativa asequible e inmediata, se ha aferrado al uso de este material.

“Nosotros no estamos diciendo que la piedra es lo mejor. No, no lo es. Pero, es una opción y es la que usa el Cuerpo de Ingenieros. Lo único que podemos hacer es este. Es menos costoso y (es) el único que tenemos los recursos”, aceptó Nazario Fuentes aunque mencionó que lo ha visto en otros proyectos alrededor de Puerto Rico.

“Nosotros no estamos solicitando permisos para hacer construcciones aquí a largo plazo. Estamos solicitando (un proyecto de) emergencia…El cuidar los recursos naturales es responsabilidad del DRNA. A mí me toca cuidar a mi gente y por ello doy la vida si la tengo que dar. Sencillo. Si ustedes creen que aquí no hay una emergencia, ¿entonces dónde lo hay? Tirando fotitos del aire o mirando fotos en Google no lo van a ver”, reiteró.

Por su parte, Quiles Pérez volvió a rechazar el planteamiento de la alcaldesa, estimando que un revestimiento de piedras sí es un proyecto de envergadura.

“Esta instrucción yo se la di a la alcaldesa a tan solo tres días de yo asumir el cargo. Yo fui allí en menos de una semana y le hice unas recomendaciones y le dije que yo le compraba el material y que ella se encargara de instalarlo. Ese fue el acuerdo. Ella se negó, porque ella insiste en tirar piedra. Ella tiene una fijación muy de ella en tirar piedra…Era una oportunidad de oro. Ahora está viviendo las consecuencias de haber rechazado esta oportunidad”, dijo Quiles Pérez al describir que las piedras de dimensiones y volúmenes inadecuados pueden convertirse en escombros marinos con oleajes fuertes.

“Hace un año atrás, este problema pudo haberse resuelto. Ella escogió no resolverlo. Yo sé que ella me responsabilizó a mí, pero la responsabilidad es de ella. Ella escogió hace un año atrás no resolver eso y me paro y lo digo en cualquier lugar, porque ella tiene una fijación con piedra que yo no pueda comprender”, repitió.

Denuncia de años

Es de conocimiento común que esta área de Loíza está a merced constante del mar. Desde el 2011, los residentes han denunciado el peligro inminente que se ha evidenciado, ya que edificios y partes de la carretera han sucumbido a él.

Por la poca acción gubernamental, la situación se ha agravado y, entre noviembre de 2024 a marzo 2025, mes en el que el mar suele agitarse con aún más ferocidad, las marejadas destruyeron infraestructura sanitaria y la carretera.

Tanto han sido los efectos del mar que, en enero de 2025, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) removió un “manhole”, o alcantarilla, y LUMA Energy un poste de alumbrado eléctrico. En noviembre del año pasado, también se removió un tubo de aguas usadas.

En medio de esa situación, el DRNA otorgó un permiso de emergencia el 16 de enero de 2025, condicionado a la aprobación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés), para el revestimiento de 280 pies de largo y 12 pies de ancho, para un área superficial de 3,360 pies cuadrados. Tenía vigencia hasta el 31 de marzo de 2025.

Tras el paso de 10 meses, el USACE aprobó el permiso el 18 de noviembre de 2025. Esta aprobación agrandó el proyecto, dando luz verde para un revestimiento de 500 pies de largo y 10 pies de ancho, para un total de 5,000 pies cuadrados.

Al aprobar un tramo mayor y al haberse vencido ese primer permiso, el ayuntamiento tuvo que volver a pedirle permiso al DRNA. Por lo tanto, se sometió una nueva solicitud en diciembre pasado. El 7 de enero, la agencia pública estableció que el proyecto no podía llevarse a cabo si se pretendía utilizar piedras.

La interpretación de Nazario Fuentes es que la agencia pública le denegó el permiso, mientras que la del Departamento es que le estableció “condiciones” al municipio.

“Como ven, la situación es crítica y requiere de acción inmediata. No necesitamos más estudios ni más recomendaciones. Necesitamos trabajar ya”, acotó Nazario Fuentes.

Para el proyecto, el municipio tiene $90,000 provenientes de una asignación especial de la Cámara de Representantes. Al alterarse el plan original, la alcaldesa admitió que se necesitarán más fondos para efectuarlo, por lo que ya cuenta con el apoyo de la senadora Marissa Jiménez Santoni para la búsqueda de dinero adicional.

“El proyecto debe estar un poquito más de los $100,000, así que me va a faltar una cantidad”, especificó a Primera Hora.

En 2019, Nazario Fuentes recordó reunirse con la ahora gobernadora Jenniffer González Colón, quien en aquel entonces ostentaba el cargo de Comisionada Residente en Washington D.C. Como resultado de ese cónclave, González Colón ayudó a conseguir $5 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para que el USACE llevara a cabo el proyecto.

Para eso, se colocó la primera piedra el 17 de octubre de 2021, precisamente, para un proyecto de revestimiento de piedras. Nazario Fuentes dijo que indagó de las posibles consecuencias que esta construcción ocasionaría y, según la alcaldesa, el DRNA le respondió que el revestimiento se hacía para proteger dos estructuras “que ya estaban destruidas”, una pescadería y una escuela Head Start.

“En ese momento, nos indicaron que esos $5 millones solo se podían utilizar para un proyecto que protegiera estructuras que fueron construidas con fondos federales. De acuerdo con los ingenieros, se hizo un estudio y ese proyecto no afectaría el resto de las áreas. De acuerdo con el DRNA, que estuvo allí y avaló el proyecto, esa es la principal causa de la terrible erosión de la calle 10 en Parcelas Suárez”, resaltó.

“Si la piedra es mala ahora, ¿por qué no fue mala entonces”, cuestionó Nazario Fuentes.

“Estoy responsabilizado de todo lo que pase en este lugar al DRNA de Puerto Rico. Lo estoy responsabilizando. En marzo, cuando vengan las marejadas (fuertes) son ellos los que van a estar aquí dándole cara a la comunidad y son ellos los que les van a decir a la comunidad ‘ya yo tengo el trabajo hecho para ustedes’, porque esto no puede seguir”, recalcó.