El Tribunal de Apelaciones de Boston confirmó ayer su determinación anterior sobre el carácter privativo de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) del Seguro Obligatorio, asunto cuestionado por el Gobierno de Puerto Rico.

José L. Blanco Latorre, presidente de la ASC, dijo que “esta decisión es crucial ante varias propuestas legislativas en las que se propone modificar y redistribuir la prima que paga el consumidor por concepto del Seguro Obligatorio para sanar las finanzas de la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA) y de la Administración de Servicios Médicos”.

La posición del Gobierno es que la ASC es una instrumentalidad pública que fue creada por ley, por lo que tiene derecho a utilizar sus fondos.

“El que el Tribunal Federal reconozca a la ASC como una entidad privada sirve de precedente al Gobierno en tener cautela con las acciones que se propongan y que tengan el efecto de poner en detrimento la solvencia y estabilidad de la Asociación”, añadió Blanco en un comunicado.

Sin embargo, el director ejecutivo de la ACAA, Hiram Meléndez, dijo que la controversia no es si son un ente privado o no.

“El planteamiento del Gobernador y que nosotros respaldamos es que se reconceptualice la prima para que parte vaya a dar a la ACAA y al Centro Médico, cambiar de asegurar chatarra, para asegurar vida”, dijo Meléndez en entrevista con Prensa Asociada.

“Esa reconceptualización de la prima no está predicada en si son o no privados. Aun siendo privados, lo cierto es que son una criatura legislativa para administrar un seguro”, explicó al referirse a la Ley 252 del 27 de diciembre de 1995.

“La prima fue creada por ley, de la misma manera que la Legislatura creó el seguro compulsorio, puede derogarlo, es un seguro creado por ley, la Legislatura puede modificar la prima, subirla, bajarla o eliminarla para darle fondos al Centro Médico”, aseguró Meléndez.

Explicó que la controversia en los tribunales es alrededor de un dinero que la administración de la ex gobernadora Sila M. Calderón tomó de la reserva de ASC para el presupuesto del 2002. “Ellos alegan que esos fondos son privados”, explicó el funcionario.

Añadió que en aquella ocasión Boston determinó que siendo ellos privados, ese dinero pertenecía a un fondo privado y que el Gobierno no podía quitárselo.

“Pero eso no es lo que está planteado”, dijo.

“Son unos esmayaos que no tienen conciencia ni responsabilidad social alguna, son unos glotones que lo quieren todo para ellos habiendo sido una criatura de la Legislatura”, agregó airado Meléndez.

Destacó que fue la administración de Pedro Rosselló la que entregó “ese negocio sumamente ganancioso” a un pequeño cartel de compañías aseguradoras privadas que ahora se resisten a compartir los fondos para necesidades humanas.

En la Isla hay casi dos millones de vehículos. Los autos privados pagan $99 anuales, mientras que los comerciales pagan $148.

La ASC, compuesta por aseguradoras privadas tradicionales que participan en un 1% o más del mercado de propiedad y contingencia, fue creada por la Ley 253 del 27 de diciembre de 1995 para administrar y brindar el Seguro de Responsabilidad Obligatorio, que paga los daños que un asegurado les cause a otros vehículos como resultado de un accidente de tránsito.