El alto costo del cobre ha hecho de ese material un gran atractivo para robar, lo que dejó pérdidas estimadas el 2010 en Puerto Rico de alrededor de $100 millones y serios problemas al sistema de comunicaciones, en particular en la telefonía, y en los servicios de agua y electricidad.

La Compañía Telefónica solamente reportó ese año pérdidas de unos $10 millones y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en más de $5 millones, sin cuantificar los daños que pudieron ocasionar la interrupción de servicios a los clientes de esas dos agencias.

La  AAA, por ejemplo, ha reportado hurto de contadores de bronce, cajas de contadores, llaves de paso del contador y llaves anti hurto para bocas de incendio, con un valor estimado en miles de dólares sin contar el daño que ocasiona la interrupción de servicio.

El robo de las tuberías de cobre en las residencias, condominio y comercio, así como el material de cobre de los aparatos de aire acondicionado en residencias, comercios y edificios públicos no ha sido estimado.

Se han reportado casos a las autoridades donde los rateros se han llevado de las escuelas prácticamente todo el equipo de aluminio de los comedores, así como la tubería, lo que ha obligado a suspender las labores docentes. Igual en algunas cocinas de restaurantes.

El comité interagencial que comenzó a operar en 2010, encabezado por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, el Departamento de Justicia, la Policía, entre otras agencias, ha logado intervenir varios centenares de centros de acopio, pero han confrontado problemas en los tribunales porque los jueces no parecen entender de lo que se trata y muchas veces no encuentran causa contra las personas que son acusadas, según la presidenta de la Junta, Sandra Torres.

Además de la Junta Reglamentadora, Justicia y la Policía, participan en las intervenciones personal de Comisión de Servicio Público (CSP), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Oficina del Inspector General de Permisos, el Departamento de Hacienda, el Servicio de Bomberos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la AAA y la AEE.

El fiscal Jorge Carrión, quien representa al Departamento de Justicia, dijo que en esos centros de acopio se han encontrado centenares de tarjas de bronce de edificios públicos, principalmente municipales, tapas de alcantarillados, tapas de contadores de la AAA, cables eléctricos de las autopistas y carreteras, cables eléctricos de instalaciones  municipales como parques de pelota, centros de estudios, ventanas de aluminio y cables eléctricos de urbanizaciones recién construidas, y hasta estatuas en bronce, así como dos enormes leones también en bronce.

Según Carrión, gran parte del problema es que muchos operadores de estos centros de acopio no siguen el protocolo establecido por ley donde tienen que identificar a la persona que lleva el material, el vehículo donde lo llevan y tienen que hacer una descripción detallada del material que reciben y explicar de dónde se obtuvo.

Torres, por su parte, dijo que aunque las intervenciones han disminuido bastante el hurto de metales como el cobre y el aluminio, todavía necesitan que se enmiende la Ley de Metales de 1982, para hacer más restrictiva la compra de esos metales y desalentar así que personas no autorizadas puedan seguir manejando esos metales sin control alguno.

La funcionaria indicó que las nuevas tendencias en el hurto de metales están dirigidas al hurto de postes de alumbrado hechos de aluminio y el hurto de transformadores y plantas eléctricas.

Entre las metas pendientes del comité, indicó Torres, está identificar mediante el uso de inteligencia aquellos centros de acopio que están operando como tentáculos ilegales de los Centros de Acopio con permisos.

El senador José Emilio González, presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, dijo que se trabaja en enmiendas a la Ley de Metales de 1982, para darle más garras de manera que se pueda ser más efectivo en las intervenciones que se realizan en los más de 300 centros de acopio que operan en el país, muchos de los cuales son lugares donde los pillos llevan el material que hurtan.

"Si se hace una buena ley estamos seguros que el hurto de esos metales se reducirá significativamente y debe ayudar a bajar la delincuencia", dijo el legislador al adelantar que espera que esas medidas se aprueben en esta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.