Que no quede impune.

Ése fue el reclamo que lanzaron ayer los colegios de Abogados y de Médicos Veterinarios sobre la matanza de perros y gatos, salvajemente lanzados desde el puente Paseo Indio, de Vega Baja.

El llamado se hizo ante la realidad de que en la Isla el desconocimiento de la ley que protege a los animales por parte de policías, fiscales o jueces hace inusual el procesamiento de este tipo de casos.

“Esto es un caso criminal. Hay que encontrar quiénes son los verdaderos culpables... esto no se puede quedar en el aire”, sentenció el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, Víctor R. Oppenheimer.

Ante ese desconocimiento general, el Colegio de Abogados dio a conocer ayer la Comisión Especial sobre los Derechos de los Animales con el fin de educar sobre la protección de éstos y crear una nueva ley.

Así que la presidenta del organismo, la licenciada Yolanda Álvarez, exhortó a las 80 familias afectadas por haber sido despojadas de sus mascotas a que se comuniquen al correo electrónico infoley67@gmail.com para asesoramiento legal.

“Las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la protección de animales a cada rato se están topando con la problemática de que la Policía y lamentablemente los fiscales y muchas veces jueces no tienen idea de que existe una ley de protección de animales”, expuso Leysha Swayne, investigadora de maltrato de animales de la Red de Protectores de Animales.

“Por eso es que la radicación de cargos no creo que sea tan común a nivel judicial... el desconocimiento no deja que los policías tengan esa confianza de ir a radicar estos cargos”, agregó Swayne.

Según la investigadora, la mayor cantidad de casos radicados ocurren en los tribunales de San Juan y Ponce debido a la labor de las organizaciones sin fines de lucro que protegen a los animales. La mayoría de esos casos son por negligencia, que implica un delito menos grave.

En el presente caso, Álvarez aseguró que los vecinos de los residenciales públicos Quintas de Barceloneta, Plazuela y Antonio Dávila Freytes de ese municipio podrían alegar violación de derechos civiles contra el ayuntamiento o los funcionarios municipales de la Oficina de Manejo de Emergencias por haber intervenido con los residentes para despojarlos de sus mascotas. Aclaró, sin embargo, que habría que analizar cada uno de los casos de manera individual.

También son comunes los casos por envenenamiento, según la experiencia de Oppenheimer.

De otro lado, la comisión, que inició labores en mayo, prepara legislación para enmendar la Ley de Protección de Animales con el fin de fortalecerla mediante redefinición de términos y aumentos en las penalidades. Mencionó, por ejemplo, que se estudia la posibilidad de añadir agravantes y la creación de un seguro.

La ley actual tipifica el maltrato de animales como un delito grave de cuarto grado y la negligencia como uno menos grave.