Luego del arresto por las autoridades federales de un jefe de mando del Negociado de Cuerpo de Bomberos por un alegado tráfico de inmigrantes no documentados, un experto en asuntos de tráfico y trata humana llamó a entidades del gobierno a generar políticas públicas a nivel departamental para educar, identificar y denunciar el delito dentro de sus organismos.

El sociólogo César Rey dialogó con Primera Hora sobre cómo las agencias públicas, a pesar de contar la tipificación de explotación humana en los artículos 159 y 160 del Código Penal, carecen de protocolos claros y efectivos dentro de sus organismos para educar a los servidores públicos sobre este tipo de delito “que afecta a 45 millones de personas alrededor del mundo”.

“La trata y el tráfico se da precisamente porque existe la corrupción, existe invisibilidad de ese crimen, agencias del Estado no levantan información sobre ese particular, no reconocen que la explotación a cambio de dinero o algún beneficio del ser humano existe, lo clasifican de distintas maneras, como abuso o manipulación, pero no le llaman por su nombre”, explicó el profesor de la Escuela Graduada de la Administración Pública de la UPR-RP.

El comentario del catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se produce luego que el teniente de Bomberos de Cabo Rojo, Pedro Rafael Rodríguez Garnier, fuera arrestado por las autoridades federales por trata y contrabando de personas de estatus migratorio no definido. Trascendió que el esquema por el que acusan a Rodríguez Garnier se llevó a cabo por más de tres años y las autoridades iniciaron investigación desde 2019.

Según Fiscalía Federal, Rodríguez Garnier transportó a los inmigrantes desde Joyuda hasta Puerto Real, Cabo Rojo, y, una vez allí, el acusado los albergó y les pidió dinero a cambio de proporcionarles comida y refugio.

“Lo que no deja de ser curioso es que estémos hablando de un oficial del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Eso le da una tónica muy particular con el mismo sabor de corrupción que se está experimentando en el país. Estamos hablando de oficiales que deben tener integridad y ética particulares, con relación a la ley y el orden”, indicó. “El país está experimentando una pandemia de corrupción, y la trata es una manifestación de ella”.

“El saber que en un sitio como Cabo Rojo, que es una puerta de entrada históricamente de inmigrantes no documentados, da seña de que había algún tipo de encubrimiento, y, de ser cierto lo que se está alegando, toca a los organismos gubernamentales porque hubo consentimiento en distintos niveles de la oficialidad del gobierno”, alegó.

Aunque Rey reconoció las respuestas de repudio de parte de jefes de Estado y líderes sindicales, este urgió al gobierno a establecer políticas antitrata claras y desarrollar rúbricas de intervención eficaces “para saber cómo trabajar con estos casos de manera adecuada”. Es decir, el educador señaló que “hay falta de capacitación, adiestramiento e identificación de protocolo”.

“Nosotros llevamos 15 años identificando el protocolo, se ha legislado, se ha tipificado en el Código Penal. Las autoridades federales, particularmente Fiscalía Federal y ICE (siglas en inglés para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) ya han estado colaborando con el gobierno de Puerto Rico para esto, pero hace falta mucha educación para identificar este fenómeno”, explicó Rey, quien ha colaborado con organizaciones no gubernamentales como la Fundación Ricky Martin para atajar este crimen, que genera más de $150 mil millones anuales en el mercado ilícito.

“Lo que hace falta es que cada agencia, Bomberos, Policía, Educación, establezca sus propios protocolos para identificar este tipo de crimen. Nadie hubiera pensado que en Bomberos hubiera un caso de trata, uno pensaría que en otros espectros de la sociedad pudiera haberlo, ¿pero en Bomberos? ¿Quién iba a pensar eso?”, manifestó.

No obstante, el exsecretario de Educación indicó que es pertinente que agencias, como el Departamento de la Familia y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, revisen sus protocolos departamentales para presentar alternativas para levantar datos sobre la trata humana dado que, según su percepción, no existen.

“La alternancia política evita que haya continuidad de políticas públicas, y eso sí es un problema”, sostuvo, al indicar que el Estado debió aprovechar sucesos anteriores para identificar los puntos necesarios para modificar las herramientas existentes y lograr combatir este tipo de explotación.

Tras la detención de Rodríguez Garnier, el comisionado designado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Marcos Concepción Tirado, informó que suspendió sumariamente al funcionario tras su arresto.

“Tan pronto advinimos en conocimiento del arresto por parte de las autoridades federales hoy del teniente Pedro Rafael Rodríguez Garnier, quien trabajaba en la estación de bombas de Cabo Rojo, inmediatamente ordené su suspensión sumaria, según lo dispone el reglamento del Negociado del Cuerpo de Bomberos”, expresó Concepción Tirado.

“Son señalamientos muy serios, y como comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, repudio todo acto ilegal, no importa de donde venga”, agregó.

Mientras, el Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico por medio de su presidente, José Tirado, calificó el caso como “lamentable”.

“Este caso es aislado. Aunque la asiste la presunción de inocencia, si se prueba su culpabilidad, este caso no representa a los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, servidores públicos 100% comprometidos en salvar vidas y propiedad”, dijo.

Según la ONU

Con el objetivo de combatir el tráfico y la trata humana, la Organización de las Naciones Unidas estableció en el año 2000 el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, mejor conocida como el Protocolo de Palermo.

Dicho protocolo define el tráfico como el atentado contra el Estado donde se mueve una persona de un sitio a otro en contra de su voluntad, criterio e integridad, mientras la trata es definida como la explotación propia de la persona, cuando se atenta contra la persona.

El protocolo tiene como finalidad lo siguente:

  • Prevenir y combatir la trata de personas, con especial atención a las mujeres y los niños.
  • Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respectando plenamente sus derechos humanos; y
  • Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr los fines.