Miembros de la comunidad arecibeña así como distintas organizaciones del país manifestaron su oposición a que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) otorgue un permiso Título V -relacionado a calidad de aire- a la empresa The Battery Recycling (TBR) y, por el contrario, solicitaron que se le ordene cerrar la planta así como la limpieza de áreas contaminadas.

La JCA emitió un borrador de permiso a TBR y el viernes pasado celebró una vista pública en Arecibo para escuchar las opiniones sobre el contenido de ese documento. En la vista, dirigida por el oficial examinador Fernando Olivero, depuso cerca de una decena de personas y todas expresaron oposición a que se le conceda el permiso a esta empresa dedicada a la fundición de plomo extraído de baterías de vehículos de motor.

Entre las organizaciones que manifestaron su oposición están Ciudadanos en Defensa del Ambiente (Cedda), Sierra Club, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, el Comité Asesor de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ). También presentaron ponencias varios residentes de la Villa del Capitán Correa.

“Esta planta ha estado en incumpliendo desde que comenzó a operar”, dijo la abogada Aleida Centeno, quien leyó la ponencia de SLPR y representó a la AAJ. “Solicitamos que se ordene el cierre y la limpieza del área”, agregó.

Centeno hizo un recuento de las violaciones en la que ha incurrido esta empresa localizada en el barrio Cambalache, que provocaron contaminación de agua, de suelo y altos niveles de plomo en la sangre de empleados, sus hijos y familiares.

“En este caso se ha burlado la reglamentación tanto estatal como federal”, dijo la abogada.

Centeno opinó que el borrador de permiso de la JCA incurre en varias violaciones y que el primero fue colocar a la comunidad en una posición desinformada al no disponer el expediente de datos pertinentes para el análisis como, por ejemplo, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

A juicio de la abogada, la DIA es imprescindible por tratarse de una empresa de fundición de plomo. Por esa misma razón, sostuvo, la JCA no debe eximirla de cumplir con las disposiciones de manejo de desperdicios peligrosos. En el 2009, la empresa procesó 19 millones de libras de plomo, afirmó Centeno.

“Ha mostrado (la empresa) una conducta irrespetuosa… sin ningún compromiso con el pueblo de Arecibo”, señaló la abogada.

Varios residentes así como el Sierra Club mostraron preocupación por el impacto que la operación de TBR tiene sobre la Reserva Natural del Caño Tiburones y por la incapacidad de fiscalización que en este caso ha demostrado la JCA y la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA).

“El Caño Tiburones colinda con Battery Recycling. Eso nada más requiere que se haga una Declaración de Impacto Ambiental, por ser una reserva natural”, comentó el ingeniero Iván Elías. “Las escorrentías (de la planta) terminan en el canal sur del Caño Tiburones”, añadió.

Mientras que el doctor Ángel González, presidente del Comité de Salud Ambiental del Colegio de Médicos Cirujanos, explicó que les preocupa que se otorgue este permiso por las consecuencias graves e irreversibles que tiene el plomo sobre la salud, en especial de la niñez.

“Periódicamente se ha visto la reducción en los niveles recomendados en sangre, pues se ha demostrado que niveles que antes se consideraban ‘seguros’ o con poca probabilidad de efecto dañino, luego se descubre que ocasionan daño”, señaló González. “Arecibo tiene unos 100,000 habitantes y un 27% tiene entre 0-17 años de edad, las poblaciones más vulnerables a este tóxico”, agregó.

El médico criticó “la extrema lentitud de las agencias que tienen que ver con el ambiente en proteger dicho patrimonio y la salud pública” y dijo que esa es una de las principales razones para oponerse al permiso.

Asimismo, González mostró preocupación porque no están publicadas en la internet, como debería ocurrir, mediciones de 2013 de los sensores de plomo que se colocaron en el área. Como tampoco se ha informado sobre el seguimiento que el Departamento de Salud ha dado a los menores que arrojaron niveles altos de plomo en la sangre.

Protesta condiciones

Las objeciones al borrador del permiso no solo se presentaron por parte de la comunidad y organizaciones profesionales. También TBR objetó varias de las condiciones que impone el permiso.

El presidente de TBR, Luis Figueroa Nieves, estuvo en la vista pero no depuso. Tampoco quiso hacer comentarios a la prensa. No obstante, presentó por escrito, y a través de sus abogados, los reparos que tiene al borrador emitido por la JCA.

La compañía discrepa que se le impongan requisitos adicionales o más estrictos a los ya emitidos por reglamentos federales y estatales. Asimismo, rechazó la limitación a tres tandas por días que se le impone para la operación de los hornos.

En el documento hay objeciones también a requisitos de cierre total del edificio y del almacenamiento de la escoria, así como a condiciones de mediciones adicionales de emisión de plomo y materia particulada.

Entre otras cosas, también impugna que se le limite el uso de generadores de energía únicamente para situaciones de emergencia. TBR ha tenido que recurrir a generadores por suspensiones del servicio de energía eléctrica.