¿Llegaron a su fin las peleas de gallos?

Pues, tal parece que la reciente orden del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, emitida el pasado jueves por los jueces Jeffrey R. Howard, David J. Barron y Sandra L. Lynch y que reitera la prohibición federal de las peleas de gallos en la Isla, no tuvo ningún efecto en detener esta actividad en Puerto Rico.

Pero, sí fue capaz de poner nerviosos a los galleros ante la expectativa del proceder que tomaría el recién entrenado gobierno de Pedro Pierluisi o el que dé paso a que el gobierno federal emita una orden para poner en vigor la ley firmada por el presidente Donald Trump el 20 de diciembre de 2019 y que veta las peleas de animales, según dijeron importantes líderes de esta industria a Primera Hora.

Como reacción a la orden judicial, el presidente de la Junta de Directores del Club Gallístico de Puerto Rico, en Isla Verde, Rafael Hernández, aseguró que “las peleas nosotros no las vamos a detener”.

Recordó que la gobernadora Wanda Vázquez firmó la Ley 179 del 2019, la cual se ha utilizado desde entonces para mantener viva esta tradición. El único cambio que se ha registrado es que no se importan gallos o artículos utilizados en las peleas desde los Estados Unidos o cualquier otro país para no infringir leyes relacionadas al comercio interestatal y que activarían una intervención de las autoridades federales.

Planteó que en un futuro inmediato lo más que se podría prever a raíz de la decisión judicial es “un enfrentamiento del gobierno estatal y federal”, no arrestos ni persecución hacia los galleros.

“Yo quisiera que, por lo menos, Pierluisi nos ayudara, que nos permita seguir jugando gallo, que es lo que nos interesa ahora mismo”, clamó. “Este es un problema que le atañe mucho al gobierno. El gobierno tiene que buscar la forma de resolver esto, porque las consecuencias son nefastas para el mismo gobierno, por la cantidad de desempleo que va a existir y todas las consecuencias que conlleva”, puntualizó Hernández.

Detalló que la industria gallística en la Isla genera alrededor de 70,000 empleos directos e indirectos y unos $65 millones a la economía local.

Apoyo de Pierluisi

En esta posible lucha federal y estatal, el gobernador Pierluisi fijó una postura de apoyo a la tradición boricua.

“Tengo el compromiso de apoyar una industria que genera empleos e ingresos a nuestra economía, que representa nuestra cultura y nuestra historia. A los galleros les he dicho que tanto la comisionada residente en Washington, D.C., (Jenniffer González), como este servidor, seguiremos dando la batalla por ellos”, señaló el primer ejecutivo.

Añadió que “las autoridades federales tienen jurisdicción en este asunto, debido a la orden del Tribunal, pero la ley firmada sobre la jurisdicción estatal en cuanto a esto se va a mantener. “Continuaremos el diálogo con la industria para asegurar que tomamos todas las medidas necesarias para que puedan operar de manera segura y regulada”, agregó.

Primera Hora supo que una posible reunión entre los galleros y el gobernador se efectuaría una vez llegue de la Capital federal, a donde viajará hoy para participar en la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden.

Esa reunión con el gobernador es trascendental para los galleros, según manifestó el vicepresidente de la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, Juan Ramón Rivera Rivera, conocido como “Abuelo Pepito”.

Reveló que “nosotros necesitamos que el gobernador se involucre mano a mano con nosotros… Que nos acompañe a llevar a cabo cabildeo en Washington, que asignen cabilderos en oficina de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico), abogados para la defensa que hay que continuar. Tenemos que discutir todas las posibles estrategias, que sea el Gobierno la punta de lanza y no la Asociación ni un grupo de galleros. Necesitamos que el gobierno federal entienda que nosotros estamos avalados por el Gobierno de Puerto Rico”.

Para que tenga una idea sobre esta controversia, la ley federal firmada por Trump nunca ha provocado la detención de las peleas de gallos en la Isla. Sin embargo, desató un pleito judicial que lleva ya más de un año. Fueron el Club Gallístico y la Asociación los que retaron la ley en el Tribunal federal por considerar que las enmiendas a la Ley de Protección de Animales que firmó Trump eran inconstitucionales y violentaban sus derechos.

El juez presidente del Tribunal de Distrito, Gustavo Gelpí, determinó que las leyes federales son aplicables a la Isla y que el Congreso tenía la facultad de imponer regulaciones.

“Bajo la Cláusula de Comercio, el Congreso tiene la autoridad de otorgar trato igual a los estados y a los territorios. Ni el estatus político de Puerto Rico, ni la Cláusula Territorial, impiden que el gobierno de los Estados Unidos ponga en vigor leyes que aplican a todos los ciudadanos de la nación, sean o no un territorio”, estipuló el juez.

Como Gelpí sostuvo su decisión a base de la Cláusula de Comercio, a nivel local se le autorizó a la industria -mediante ley- a continuar con las peleas, siempre y cuando, no violen el comercio interestatal. Hernández y Rivera Rivera explicaron que, por esta razón, ya no se traen gallos de Estados Unidos ni se compran espuelas en el extranjero.

“Los artefactos que se utilizan para peleas, como espuelas, se están fabricando aquí. Eso ha sido positivo, porque ha creado otra fuente de ingresos de la industria, porque hay que hacer las cosas aquí”, afirmó el vicepresidente de la Asociación. “Al nosotros tener un comercio local y una actividad totalmente local, ya no estamos interfiriendo con el comercio interestatal”, añadió.

No obstante, Rivera Rivera dijo que es importante continuar con el caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos o cabildear en el Congreso de los Estados Unidos para que se establezca la exclusión de Puerto Rico en el cumplimiento de la ley federal, como estaba en el pasado.

“Como ustedes saben, la ley federal va por encima de la ley estatal. Eso es un argumento que no es debatible. Por eso, queremos que vuelvan a ver a Puerto Rico como estuvo en los últimos 86 años”, sostuvo el gallero.

Aun cuando las jugadas continúan sin percances, el presidente del Club Gallístico aceptó que la incertidumbre que atraviesa la industria tiene su impacto.

“Uno siente cierta preocupación”, dijo.

Explicó que han prohibido la grabación de las peleas para pasarlas por internet, así como han tomado múltiples medidas para evitar una posible intervención federal. En su empeño, han tenido éxito. Comentó que desde diciembre de 2019 no ha ocurrido ningún operativo ni se han sentido perseguidos.

El COVID-19 ha tenido un impacto mayor

Pero, lo que no han logrado detener los federales, lo hizo el coronavirus.

De las 70 galleras que había en la Isla, solo unas 25 han continuado operando.

Rivera Rivera comentó que les ha afectado el aumento de costos que implican las medidas salubristas que hay que tomar y las limitaciones impuestas por las órdenes ejecutivas para evitar el contagio con esta mortal enfermedad.

Por ejemplo, actualmente solo pueden entrar personas a una gallera hasta llenar un 30% de su capacidad.

“No todas las galleras tienen la capacidad de operar y que les deje algún beneficio”, explicó.

El propietario de la corporación Gallos Abuelo Pepito indicó que las galleras que han cerrado han puesto en vigor un plan de mejoras para estar listas en el momento en que puedan reabrir.

Asimismo, señaló que lo que no se observó por la prohibición federal de las peleas de gallos, ha comenzado a ocurrir con el coronavirus. Es que las pocas galleras abiertas han tenido la visita de agentes de la Policía y del task force creado por el Departamento de Salud para vigilar el cumplimiento de las órdenes ejecutivas emitidas para tratar de disminuir los contagios con COVID-19 en la Isla.

Rivera Rivera informó además que, hasta el momento, el gobierno no ha cerrado ninguna gallera por brotes de coronavirus o violaciones a las medidas ordenadas.