Al igual que la minoría popular, el representante Víctor García San Inocencio solicitó hoy, martes, al juez superior de San Juan Carlos Dávila Vélez que reconsidere la decisión que mantiene por el momento al líder cameral, José Aponte, en la presidencia de la comisión especial que "evaluará" el caso federal contra el Gobernador.

El legislador independentista presentó durante la mañana de hoy una moción de reconsideración en la que le pide al magistrado que prohiba a Aponte presidir la comisión especial evaluativa ante las supuestas violaciones a los derechos de las minorías parlamentarias por parte del presidente cameral y su "repetida conducta" contraria al reglamento cameral.

Según García San Inocencio, la sesión del viernes "emblematiza" sus argumentos, ya que ese día el líder cameral no permitió la participación de las minorías parlamentarias que buscaban oponerse a una medida que incluyó el propio Aponte a última hora para que se le permitiera presidir la comisión evaluativa, aun cuando ello violenta el reglamento.

"Las acciones de Aponte lo que pretenden es circunvalar y evadir la jurisdicción del tribunal para evitar que se dicte una sentencia adversa sobre las violaciones a los derechos constitucionales y las prerrogativas legislativas de la minoría", sostuvo el representante en un comunicado.

"Tales acciones se fundamentan en nuevas violaciones a la Constitución y los reglamentos, por lo que desde la ilegalidad no puede legalizarse", añadió en referencia a los disturbios ocurridos el viernes en el hemiciclo.

El lunes, los representantes populares Héctor Ferrer y Luis Vega Ramos acudieron también al tribunal para solicitar la reconsideración del fallo.

Los tres representantes argumentan que el viernes se les violaron sus derechos como minorías al no dejarlos debatir en contra de la medida que facultó a Aponte para presidir la comisión especial al punto de que les apagaron los micrófonos para que no pudieran expresarse ante el pleno.

"Esa obstrucción (apagar los micrófonos) tuvo el propósito y el efecto que nuestras objeciones no pudiesen formar parte del Diario de Sesiones ni ser elevadas ante el tribunal reflejando la realidad de todo lo acontecido para que, de esta manera, la conducta del codemandado Aponte quedase impune al desaparecer el tracto de sus violaciones a los reglamentos y a nuestros derechos constitucionales", sostuvo García San Inocencio.

El trío plantea, además, que durante la sesión legislativa convocada por Aponte se violentaron disposiciones relacionadas con el descargue de medidas al bajar una pieza ante la consideración del pleno sin antes circularla entre los representantes y sin contar con los votos necesarios para ello.

También impugnan que se haya aprobado la resolución con sólo 26 votos, ya que entienden que requería el aval de 31 representantes por tratarse de un asunto relacionado con una comisión especial, que requiere ese número de votos para su creación.

Ferrer, Vega Ramos y García San Inocencio buscan que el juez Dávila Vélez le prohiba a Aponte presidir la comisión especial, ya que el reglamento cameral impide a los presidentes y vicepresidentes encabezar cualquier tipo de comisión legislativa. Además, solicitan que se anulen todos los trabajos efectuados hasta ahora por ese organismo.