El gobernador Aníbal Acevedo Vilá discrepó hoy de la postura de los representantes legales de los desarrolladores de Paseo Caribe de no reconocerle jurisdicción a la Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe) en la controversia que podría redundar en la paralización temporera de los permisos de construcción.

"Como abogado no tengo la más mínima duda de que Arpe y la Junta de Planificación tienen jurisdicción", declaró el Gobernador en conferencia de prensa.

La batería de abogados del desarrollador Arturo Madero, encabezada por el licenciado Luis Sánchez Betances, argumentó en una vista administrativa la semana pasada que el asunto en controversia es la titularidad de los terrenos, para lo que Arpe no tiene jurisdicción, y que si hubiera algún problema con los permisos, la agencia reguladora no les ha notificado como es debido en qué consisten las irregularidades.

El mandatario pidió espacio para que las agencias reguladoras concluyan sus procesos administrativos, cónsono con la instrucción que les dio para que se paralizaran los permisos por 60 días.

"Ellos le están dando el debido proceso de ley y actuarán conforme a lo que ellos entiendan que es correcto", sostuvo.

Arpe debería emitir el jueves su decisión sobre la posible paralización de las obras.

El Gobernador ordenó el proceso administrativo luego que el Departamento de Justicia determinó que Paseo Caribe se construye parcialmente en terrenos de dominio público ganados al mar.

Rechazó señalamientos de grupos ambientalistas que se oponen a desarrollos en terrenos ganados al mar o sensitivamente ecológicos, que han dicho que son los desarrolladores quienes gobiernan el país.

"Las agencias están dando el debido proceso de ley. Si no dan el debido proceso de ley, nos llevan inmediatamente al tribunal, se cae el caso y la gente va a decir que llevaron el caso ’chapuceao’ para que se cayera en los tribunales", indicó.

Según Sánchez Betances, antes de ordenar la paralización de los trabajos de construcción el gobierno debió ir a los tribunales a través del Departamento de Justicia, y si la corte decidía que las estructuras se construyen en propiedad del Estado, entonces procedía la suspensión de los permisos.

Para Sánchez Betances, la suspensión temporera de los permisos equivale a su revocación.