El gobierno defendió este martes la decisión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de pedir un aumento en la tarifa de energía eléctrica para costear las pensiones de los retirados de esa corporación pública, reiterando que es “la única alternativa viable”.

Sin embargo, mientras respondía a preguntas de la prensa sobre ese tema, el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, también sostuvo que respetan la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que acaba de rechazar la renegociación del contrato con la empresa Genera PR, que apoyaba el Gobierno, y además ordenó que se devolvieran $40 millones que se han retenido a los consumidores a través de lo que se conoce como cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (FCA).

Según explicó, “la petición de aumento, de cambio en la tarifa, la hace la Autoridad de Energía Eléctrica, por conducto de su directora ejecutiva, la ingeniera Mary Carmen Zapata… luego de meses de diálogo y de trabajar diferentes alternativas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y con AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal)”.

“Ellos tuvieron la oportunidad de evaluar multiplicidad de opciones. Pero de aquí de lo que estamos hablando es de cuál era la opción que brindaba unos fondos de manera recurrente y permanente para nutrirlos al sistema de retiro, que no recibía aportaciones desde la época de (el gobernador) Alejandro García Padilla, cuando cesaron de aportar a este sistema y por eso llegamos al déficit actuarial que tenemos el día de hoy, donde se ha estado por el pasado año y poco más dependiendo de préstamos al propio fondo general del Gobierno de Puerto Rico para poder subvencionar el déficit en el sistema de retiro”, abundó.

Según ha trascendido, la AEE solicitó un aumento a la tarifa “provisional para el año fiscal 2025-2026 de 1.88 centavos por kilovatio hora”, afirmando que habían determinado que esa era “la única solución viable en este momento” para poder “garantizar la continuidad en los pagos de las pensiones a todos nuestros jubilados”.

Sobre el reclamo público de los pensionados, que han insistido en que hay otras alternativas para financiar el sistema de retiro que no son un alza en la tarifa de los consumidores, así como su petición de una reunión con la gobernadora Jenniffer González Colón para exponer dichas propuestas, el secretario dijo desconocer si había tal petición de reunión, y descartó las propuestas de los pensionados, así como otras que se han presentado públicamente, alegando que “la realidad es que ninguna brinda unos fondos de manera permanente y consistente para poder tener los $25 a $30 millones que cuesta este sistema de retiro mensualmente para poder garantizarle estas pensiones a los jubilados. Estamos hablando de más de 12,500 personas”.

El secretario justificó además el alza en la tarifa, argumentando que “recientemente hubo un ajuste en la factura y bajó de 0.6 centavos. Ahora la propuesta que está trayendo la AEE es de 1.8 para poder poner en función nuevamente el sistema de retiro. Estamos hablando que en el neto sería un aumento por ahora de 1.2 centavos el kilo(vatio hora)”.

“Sí estamos conscientes que tanto LUMA como Genera han pedido aumentos extravagantes en la factura eléctrica. La gobernadora ha sido sumamente clara en esto, está en contra de cualquiera de esos aumentos, toda vez que tanto LUMA como Genera tienen acceso a unos $17,000 millones en fondos federales que están disponibles para mejoras de capital, mejoras a la infraestructura, mejoras al sistema de generación que no han podido utilizar hasta el día de hoy”.

También descartó que se fueran a producir aumentos en la tarifa como parte del proceso de quiebra de la AEE.

Torres agregó que, independientemente de la petición de aumento a la tarifa, “nuestro gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Estamos buscando opciones que puedan brindarle más eficiencia a la operación del sistema eléctrico, así como seguir monitoreando con informes actuariales el sistema de retiro, y cuando encuentre un punto de solvencia, que tenga suficientes fondos, podría la Autoridad nuevamente revisar las tarifas y ajustarlas si fuera necesario”.

Por otro lado, el secretario de Asuntos Públicos concedió deferencia a cualquier decisión que pueda tomar el NEPR, indicando que “es una entidad que, por su naturaleza, opera prácticamente como un ente con criterio independiente para tomar determinaciones sobre los ajustes en el costo de la energía, así como otros pormenores de cómo es que funciona nuestro sistema eléctrico y la relación que hay entre la Autoridad, LUMA y Genera”.

“Así que hay respetar los procesos y las determinaciones que se dan allí. Hay procesos apelativos que también se pueden dar a través del propio Negociado y a través de los tribunales. Así que nosotros le damos ese espacio y esa deferencia para que ellos hagan las determinaciones que tengan que tomar”, afirmó.

El secretario no adelantó si el Gobierno tomaría alguna acción para insistir en la renegociación del contrato con Genera, alegando que “en este caso estamos hablando de unos asuntos que todavía están sub judice en cuanto a la evaluación del Negociado de Energía y otros que podrían ser objeto de apelaciones”.

Por último, en cuanto a la promesa de la cancelación del contrato de LUMA, afirmó que “ese compromiso continúa firme, es inequívoco y esa es la palabra de la gobernadora”. Sin embargo, no puedo decir cuándo se produciría la cancelación del contrato, si es que en algún momento realmente llega a ocurrir.